El patrón del 'Nuevo Pepita' dice que no sabía si el barco llevaba sobrepeso

Como si se tratara de un breve 'ensayo' del juicio penal que le espera, José V. C, el patrón del pesquero 'Nuevo Pepita Aurora' que se hundió hace cuatro años, se sentó ayer por primera en el banquillo de un juicio como el presunto responsable del naufragio. En este caso no se enfrentaba a una posible pena de prisión, sino a una demanda laboral -por la vía social-, que presentaron las viudas de cuatro de los ocho fallecidos en aquel siniestro, en el que también sobrevivieron ocho marineros. José V. C. fue uno de estos últimos.

La casualidad, o más bien las continua suspensiones de este asunto (hasta dos veces este año), han querido que el juicio haya tenido lugar en un doloroso aniversario, pues el lunes se cumplieron cuatro años de aquel fatídico 5 de septiembre en el que el pesquero barbateño se topó con un temporal y se fue a pique.

El abogado de José V. C. defendió ayer que, al tratarse de un temporal, su cliente no debe ser tenido como el responsable. Por su parte, el abogado de las viudas, Ramón Dávila, alegó que el pesquero no cumplía las normas de prevención de riesgos para enfrentarse a una situación extrema. Estas carencias son las que fijó en 2008 la Comisión de Siniestros Marítimos como las supuestas causas del hundimiento: por ejemplo, el exceso de peso por llevar más redes de las que podía soportar, o el hecho de que las falucheras (los escapes de agua de la cubierta) estuvieran cerradas.

«Las falucheras no estaban cerradas», contestó el patrón cuando se le preguntó sobre estos problemas. En cambio, José V. C. dijo que no sabía si el barco llevaba peso de más. «Es muy fácil, diga sí o no, yo sé cuando tengo sobrepeso o cuándo estoy delgado», le insistió en un tono bronco el juez. «Yo no llegué a ver los pesos del libro de estabilidad; pero llevaba las redes habituales de pesca», contestó José, que insistió en que es «Capitanía Marítima la que debe determinar si el barco es apto o no para navegar».

En su demanda, las viudas reclaman que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) añada a sus pensiones de viudedad un recargo del 50%. Un extra que les correspondería por ley porque perdieron a sus maridos -según esta demanda- porque el barco adolecía supuestamente de problemas de seguridad, que pudieron estar tras el accidente. La demanda va dirigida, por tanto, contra el INSS, pero también contra los empresarios: en este caso, el patrón, su padre y su hermana (socios de la empresa que gestionaba el barco).

El informe de la comisión fue presentado ayer como la principal prueba documental de que existían problemas de seguridad. En cambio, la defensa del patrón impugnó este estudio ya que, según él, está basado en simulacros sobre maquetas y no en un análisis del barco. «Si no se reflota el barco, no se podrá comprobar lo que ocurrió, lo han dicho todos los técnicos», argumentó el letrado.

La sentencia de este juez de lo Social no tiene por qué afectar al procedimiento penal que sigue abierto y sin fecha de juicio, a pesar de que han pasado ya cuatro años desde aquel trágico naufragio.