La guerra al fraude en los colegios no disuade a los padres que falsean datos

Según el último decreto que aprobó Educación a principios de este año, y que comenzó a aplicarse el pasado 1 de marzo para el proceso de matriculación, la administración penalizará más a las familias que falseen datos para conseguir la plaza escolar en el centro deseado. Según este último decreto, la administración andaluza restará todos los puntos a quienes falsifiquen datos quitando todos los puntos a los que en teoría tuviera derecho el solicitante. Pero además incluía el endurecimiento del proceso al poder pasar directamente a la Fiscalía los datos de los padres que falsearan algún documento, como el empadronamiento. En estos días se supo que la delegación provincial de Educación iba a pasar a la Fiscalía los nombres de 22 casos en los que había detectado un posible fraude (20 en Salesianos y dos en San Felipe Neri). Pero en la provincia son muchos más. Según fuentes de Educación, el endurecimiento de la norma no ha calado como se esperaba en la conciencia de los padres que falsean datos y, a falta de tener datos exactos, apuntaron que esperan que las cifras sean bastante parecidas a la de años anteriores. En 2010, Educación investigó 300 solicitudes de padres de alumnos.

Desde la administración educativa quisieron explicar ayer que aunque el nuevo decreto ofrece esa posibilidad de derivar la investigación a la Fiscalía, y reconociendo que solo en la capital hay 22 casos, aún no han decidido cuáles serán tramitados finalmente. La redacción de este periódico pudo conseguir una resolución de la delegación provincial de Educación en la que se afirma que se dará traslado a once expedientes del colegio Salesianos San Ignacio de Cádiz.

Abogados especializados en estas causas, consultados por este periódico, confirmaron que el número de recursos de padres no ha disminuido este año. «Llevo unos 20 casos en toda la provincia, igual que en 2010», apuntó un conocido abogado jerezano con experiencia en este conflicto entre el deseo de los padres y los recursos públicos. El mismo letrado explicó que el nuevo decreto supone un cambio que ha pasado desapercibido por muchos pero que será crucial en el procedimiento. A partir de ahora, las peticiones de medidas cautelares las llevará la sala pertinente del TSJA (Tribunal Superior de la Junta de Andalucía), desde Sevilla. Hasta ahora se decidían en los juzgados de lo contencioso administrativo de cada provincia. Hay que recordar que en el caso de Cádiz dicho juzgado las otorgaba casi todos, resultando que mientras duraba el proceso legal los alumnos cuyos datos eran investigados permanecían en los colegios que había demandado. Ahora, con este cambio y en previsión de que la sala sevillana se colapsará, la cautelares no llegarían hasta noviembre, por lo que se entra en un vacío legal que puede perjudicar al niño, con el traslado a otro centro. Pero parece que esto tampoco ha disuadido a los padres que han preferido correr el riesgo de falsear datos en las solicitudes de matrículas.

Fuentes jurídicas especializadas apuntaron que la Junta ha podido hacer este cambio para tener la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, en caso de no estar de acuerdo con la sentencia de la máxima autoridad andaluza, puesto que en el Supremo sí ha recibido varias sentencias que respaldan la filosofía de la administración andaluza, como la emitida el 21 de julio de 2000 en la que se sostiene que el derecho a elegir centro (recogido en el artículo 27 de la Constitución) no es absoluto, sino que está supeditado a la gestión de los poderes públicos para favorecer una educación de calidad, respetando la ratio de alumnos en el aula establecida por ley.