La Junta lleva ante el juez los 22 casos de fraude de escolarización

El consejero de Educación de la Junta, Francisco Álvarez de la Chica, lo advirtió hace dos años: a partir del siguiente curso se consideraría «delito» los fraudes en los procesos de matrícula de los niños en los colegios. Y así se incluyó en el reciente decreto de escolarización elaborado por la administración, y aplicado desde el pasado mes de marzo, con el que se prometía mano dura ante la evidente y polémica proliferación de este tipo de falsedad de datos.

La advertencia, sin embargo, no convenció a muchos padres, que volvieron a las andadas con tal de tener a sus hijos en el colegio que querían. ¿Como iban a llevarles a los tribunales por decir que el niño vive con los abuelos?, debieron de pensar. Pues bien, se equivocaban, ya que la Delegación de Educación mandará finalmente a la Fiscalía y a los juzgados de instrucción los expedientes de los 22 niños que -como ya adelantó LA VOZ la pasada semana- se han retirado de las listas de admitidos en los colegios Salesianos y San Felipe Neri, en Cádiz, al haberse detectado que sus padres falsificaron supuestamente los datos de escolarización.

Se trata de 20 menores del colegio Salesianos y dos del centro escolar marianista -tanto del primer curso de Primaria como del primero de Infantil- que el próximo lunes tendrán que cambiar de colegio, después de que el pasado jueves se les comunicara la expulsión. En la mayoría de los casos, se les empadronó en casas en las que no viven, como las de abuelos y amigos, pero también se ha detectado al menos un posible caso en el que se engañó supuestamente sobre la condición de familia monoparental de unos padres.

Según explicaron fuentes de la delegación provincial de Educación en Cádiz, las familias que se han visto afectadas por este proceso y, después, por la retirada de las listas de admitidos, han tenido la oportunidad durante los meses de verano de responder y aportar documentos que sostengan que los domicilios que señalaron en las solicitudes de escolarización eran reales.

Educación, además, inició un proceso de 'investigación' en el que se solicitó los correspondientes informes al Ayuntamiento de Cádiz acerca del padrón de la ciudad y se tuvo en cuenta los documentos aportados por los padres de hijos no admitidos, que presentaron en su día los recursos. De hecho, según ha podido saber este periódico, el número de casos de fraude que fueron 'denunciados' en su momento era incluso superior al de las expulsiones. Los engaños que finalmente podrían acabar en los tribunales, por tanto, están supuestamente libres de posibles dudas.

En la misma resolución que recibieron los padres que supuestamente cometieron fraude, también se les comunica que serán denunciados ante la Fiscalía, aunque se deja en manos de ésta la decisión de abrir diligencia contra las familias si considera que efectivamente ha existido algún tipo de delito.

En este caso, podría tratarse de una falsedad documental, aunque la consejería de Educación ya advirtió en su día que este tipo de fraude podría considerarse también como una especie de estafa, a pesar de que no esté tan claro un fin de enriquecimiento que lo justifique. En todo caso, las resoluciones no aclaran qué tipo de delitos se les imputaría a los padres. Los expedientes también han sido enviados a los jueces de Instrucción de Cádiz, que serán en definitiva quienes estimen o archiven estas denuncias. En todo caso, aunque los 22 casos de este curso acabaran finalmente en absolución o en sobreseimiento, no cabe duda de que servirán de precedente y escarmiento para que en el próximo curso quienes mienten sepan que se paga caro.