Inverluna, la matriz del grupo Jale, rompe su acuerdo de venta a Urbas Guadahermosa

No habrá venta o compra según se mire. Inverluna, la matriz del grupo Jale actualmente en concurso de acreedores, no se venderá a la empresa Urbas Guadahermosa. Ayer mismo lo anunció la empresa gaditana tras romper el acuerdo que suscribieron ambas compañías el pasado mes de marzo. La empresa explicó los motivos en un comunicado que recogió la agencia Europa Press aunque no entró a profundizar en detalles. En el documento, el empresario José Antonio López Esteras, socio de Inverluna, indicó que decidió resolver dicho acuerdo por «grave incumplimiento de la compradora Urbas Guadahermosa».

En concreto, Inverluna achacó la ruptura a un «incumplimiento de los términos, acciones y obligaciones necesarios para llevar a cabo la compra». Además, añadió que dos de los actuales socios de Inverluna tampoco habían suscrito el referido acuerdo de compraventa por lo que no había unanimidad en la venta.

Hoy, junta de accionistas

El contrato se rompió precisamente en vísperas de que el grupo Urbas celebre hoy martes, su junta de accionistas. De su lado, Inverluna informó de que ha realizado una propuesta de convenio de acreedores para saldar la deuda con que se declaró en suspensión de pagos, que prevé presentar en breve.

Precisamente, a finales de junio de este año, el empresario José Antonio López Esteras solicitó, mediante un escrito, el cese de los consejeros de administración de las sociedades Inverluna, Inmobiliaria Amuerga y Jale Construcciones, que se encuentran en concurso de acreedores, alegando la pérdida de confianza y que «no han cumplido con las mínimas normas de administración diligente y ordenada de las empresas».

El empresario aseguró que los tres ejecutivos de la promotora sólo se habían reunido con los directivos de Jale unas diez veces en tres años y en el 90% de los casos a través de videoconferencias. Además, les acusó de hacer «dejación de funciones» en distintos proyectos en áreas que van desde la inmobiliaria hasta el pago de nóminas.

No es el único frente que el grupo Jale tiene abierto. El pasado mes de junio, la jueza Nuria Orellana ordenó a los economistas Daniel Pastor y Alejandro Bengio y al abogado Tomás Torres, administradores judiciales de las empresas a devolver dos millones de euros que han cobrado de más por administrar la citada compañía.