Las claves de un conflicto enquistado

Hoy viernes se cumple la decimonovena jornada de huelga en el servicio de autobuses urbanos. Y no ha sido la única de estos primeros meses. En total, los trabajadores del transporte público han rebasado los 40 días de paros en protesta por el retraso en el cobro de sus salarios. Solo hay que remontarse unos meses atrás para conocer de dónde vienen los problemas de las dos últimas empresas concesionarias con el Ayuntamiento de Jerez.

Las cifras son claves: Cojetusa se marchó con una deuda que superaba los 30 millones de euros. Para saldarla, antes de que el Ayuntamiento le retirara la concesión administrativa, aceptó un plan de pagos por el plazo de cinco años que el Consistorio jerezano tiene que estar cumpliendo. Pero aún quedaban varios flecos pendientes: la deuda de la empresa con sus trabajadores -que se mantiene a día de hoy- y la devolución de la parte del canon que se quedaba sin ejecutar y cuya resolución se encuentra actualmente en los tribunales. También quedó en el aire cierta cantidad por la flota de autobuses: en total, unos tres millones de euros.

Así, Cojetusa deja de prestar el servicio del transporte público -en el que estaba desde 1995- pero el problema de la deuda no se acaba. El 1 de noviembre la relevó Urbanos Amarillos, una empresa que desembarca en la ciudad de manera provisional con un aval bancario de seis millones y con la intención de hacerse, poco después, con la concesión definitiva. Según confirmaron ayer desde Urbanos Amarillos, solamente desde el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento ya les adeuda casi 5 millones (2,9 de la etapa provisional y otros dos desde que en mayo firmaron la definitiva). «Nuestra postura es clara, nos sentimos perjudicados», dijo ayer el director de operaciones de la compañía, Ángel Escrivá.

Entre noviembre y mayo, aseguraron desde la empresa, el Consistorio abonó una parte de las cantidades estipuladas mientras que en los últimos tres meses solo ha ingresado a Urbanos Amarillos 300.000 euros «cuando tenían que haber sido ya dos millones», indicó la misma fuente. Hay que recordar que el servicio de transporte público tiene un coste al año de 10 millones de euros, buena parte de ellos, sufragados por una subvención pública.

Entre esta marejada de millones se encuentran los trabajadores, a los que aún se les adeudan alrededor de 4.000 euros por parte de Cojetusa. Con Urbanos Amarillos, el dinero pendiente asciende ya a una notable cantidad puesto que la plantilla aún no ha cobrado la nómina de junio, julio y la extra de verano, a las que hay que sumar el salario del mes de agosto que deberían estar recibiendo ya en sus cuentas. En total, hay hogares en los que faltan 10.000 euros.

El canon

La anterior delegada de Movilidad, María del Carmen Martínez, apuntó en su día que es Urbanos Amarillos la que tiene que pagar 1.033.000 euros al Ayuntamiento y éste a su vez reembolsárselos a Cojetusa por la interrupción del contrato. No obstante, la causa está en los tribunales y desde la nueva concesionaria hablan de diferentes «interpretaciones de ese artículo oscuro».

El documento que estipula la retirada de la concesión a Cojetusa indica que «el precio de la compraventa -de los autobuses- y del canon serán satisfechos por el Ayuntamiento a Cojetusa» aunque luego especifica que «sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento incluirá en el pliego que rija la nueva concesión una previsión relativa a que quien resulte adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento la cantidad que corresponda por el valor de los autobuses que el Ayuntamiento ponga a su disposición así como la cantidad adicional que se establezca para compensar la devolución del canon a la que el Ayuntamiento debe hacer frente ante Cojetusa. Las partes estiman que el importe cuyo abono podrá imponer el Ayuntamiento al nuevo concesionario, sería aproximadamente de 2,9 millones de euros», es decir, los tres millones que reclamaba Cojetusa el pasado mayo.