Cospedal busca dar ejemplo

La presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, presentó ayer su Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de la comunidad, un proyecto «equilibrado, justo y equitativo» que supone una reducción del presupuesto regional que alcanzará el 20% en 2012 y un ahorro de 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012. Cospedal ha prometido que no subirá los impuestos, por lo que el coste será «cero» para los ciudadanos. La recaudación se incrementará en 97,5 millones de euros mediante la mejora de la gestión de fondos comunitarios, la venta de inmuebles, las operaciones de arrendamiento, la venta de la participación en empresas privadas como Gas Natural y Telecom, la venta de vehículos, etc. La lectura del plan da idea de que se trata de un proyecto integral y minucioso, que redimensionará el sector público, eliminará instituciones inútiles o duplicadas -el defensor del pueblo autonómico, la representación castellano manchega en Bruselas-, reducirá el staff en las diversas administraciones así como los gastos suntuarios, las publicaciones, los actos institucionales y las actuaciones en inmuebles, congelará las plantillas, etc. Además, reducirá el presupuesto de la televisión castellano-manchega «hasta su privatización». La secretaria general del PP, que ha afeado un vez más la mala gestión de los recursos públicos por parte de su predecesor socialista, se ha puesto, en fin, a la cabeza de la austeridad, y ha marcado la pauta de unas actuaciones que tendrán que realizar inexorablemente todas las comunidades autónomas, seguramente después del 20-N. Génova ha pedido, de hecho, que no se cargue la mano en este asunto hasta entonces. La drástica caída de la recaudación fiscal por causa de la crisis y las inciertas expectativas de futuro actuales hacen decididamente exigibles estas terapias de radical austeridad, que permitan salvar en lo posible la calidad de los servicios públicos -sanidad, educación, servicios sociales- que las comunidades tienen encomendados. Sin perjuicio de que, a posteriori, y cuando se aclaren los horizontes, se efectúe una revisión global del modelo de financiación de los tres niveles competenciales de nuestro Estado.