Las víctimas de bebés 'robados' temen el archivo masivo de las denuncias

Los tribunales han archivado decenas de denuncias sobre supuestos robos de recién nacidos entre 1950 y 1990 desde el pasado febrero, cuando se presentó una demanda colectiva ante la Fiscalía General del Estado. Aunque las investigaciones policiales siguen en marcha, cuando algunas denuncias llegan a manos de los jueces, acaban archivadas porque consideran que los delitos imputados han prescrito. Los afectados, de hecho, temen que el 80% de las denuncias podrían quedar en nada, debido a un archivo masivo de las causas.

Para exigir que la Fiscalía recurra estos sobreseimientos, la asociación que engloba a las familias afectadas por las supuestas desapariciones en la provincia ha convocado este sábado una concentración ante la sede de la Fiscalía de Cádiz, en la Audiencia Provincial, que tendrá lugar un día después de una manifestación similar que se celebrará en Madrid el viernes 2 de septiembre ante la Fiscalía General del Estado.

Sin duda, el caso de Cádiz es el más paradigmático. Por un lado, se trata de la provincia donde primero comenzaron a investigar las denuncias sobre bebés 'robados', fundamentalmente en Algeciras, La Línea y la capital gaditana. Y también es donde, en junio pasado, un tribunal estableció por vez primera que las sustracciones de recién nacidos posteriores a 1976 no han prescrito, es decir, que los graves delitos siguen vigentes y es necesario continuar con las pesquisas e identificar a sus responsables. Lo hizo la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que revocó el archivo de dos denuncias ya que, en virtud del Código Penal de 1973, se trataría de un delito de sustracción de menores por parte de funcionario público (los médicos y matronas de la Residencia Zamacola de la capital), cuya prescripción hay que contar desde que el supuesto desaparecido cumple 18 años.

Pese a ello, los afectados reclaman que las infracciones penales sean consideradas como detenciones ilegales con el agravante de sustracción grave. Esta calificación supone que el bebé, aun siendo mayor de edad, «sigue estando secuestrado hasta que conozca que un día lo robaron, por lo que el delito no prescribe hasta entonces», según el abogado Enrique Vila, presidente del colectivo 'Sos bebés robados'.