Sin consenso institucional

Después de la renovación escandalosamente tardía de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que debían ser designados por el Senado, no ha habido la menor señal de las dos grandes formaciones políticas de este país -la gubernamental y la que ejerce la principal oposición- de tener el menor interés en entenderse para renovar las cuatro grandes instituciones del Estado que actualmente mantienen cargos con el mandato caducado y que requieren el mencionado consenso para proceder a su renovación. Desde mayo de 2008, el Congreso tiene pendiente cubrir la vacante producida en el TC por el fallecimiento de Roberto García-Calvo, y desde noviembre de 2010 ha de relevar a los magistrados Gay, Delgado y Pérez-Vera. Desde hace más de un año, la institución de Defensor del Pueblo está en manos interinas por el cese forzoso de Enrique Múgica. Desde septiembre del año pasado está pendiente la renovación de seis consejeros de RTVE. Y en noviembre concluyeron su mandato doce miembros del Tribunal de Cuentas, incluido su presidente. Por supuesto, tampoco hubo acuerdo alguno en la renovación reciente de la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No ha habido interés negociador, los contactos han sido formularios y se han buscado pretextos fútiles como la idoneidad o no del juez Enrique López para el Tribunal Constitucional. Desde hace tiempo se ha dado por hecho que la cercanía de las elecciones haría imposible el logro de cualquier acuerdo, lo cual es sencillamente escandaloso: el mandato constitucional es bien explícito y su incumplimiento revela una lamentable dejación de responsabilidad. Porque posponer indefinidamente la renovación de un órgano constitucional con la manifiesta intención de conseguir más adelante mayor cuota de influencia para sesgar la designación es una marrullería muy cercana al fraude de ley que los dos grandes partidos han prodigado en cuanto han tenido oportunidad.

¿Un impuesto a los ricos?

Recientemente, Warren Buffett, tercera fortuna del mundo, reclamaba al Gobierno de Estados Unidos que impulse la salida de la crisis gracias a un «sacrificio compartido» y suba los impuestos a las grandes fortunas para que estas compartan con la clase media el peso de la recuperación. Poco después, la mujer más rica de Francia, propietaria de L'Oréal, Liliane Bettencourt, y los dueños de otras quince grandes fortunas, firmaron un texto similar al de Buffett en la revista 'Nouvel Observateur'. Al día siguiente, Sarkozy ponía en marcha la propuesta de un recargo temporal para ricos en el IRPF. Y poco después Berlusconi anunciaba una reforma fiscal en este sentido. En nuestro país, el rumor de una medida semejante ha estado constantemente vivo, y aun no puede descartarse que este gobierno tome alguna decisión al respecto. El portavoz popular Pons, por su parte, anima a los ricos españoles a que sigan el ejemplo de sus pares franceses... Todos debemos arrimar el hombro, en efecto, y ese gesto de solidaridad sería estimulante. Teniendo en cuenta en todo caso que la suficiencia presupuestaria y la lucha contra el déficit no pueden basarse en gestos simbólicos ni en decisiones voluntaristas sino en medidas fiscales contundentes, equilibradas y bien meditadas.