La administración que supere el tope se enfrentará a una multa

PSOE y PP coinciden en que el resultado de la reforma constitucional que se aprobará en septiembre, y que se desarrollará en un año mediante una ley orgánica, será que el endeudamiento y el déficit excesivos han quedado proscritos de la política española. La norma que desarrollará el nuevo artículo 135 de la Carta Magna, sobre la que ya negocian ambos partidos, no solo fijará un límite máximo y obligatorio de déficit para los ejercicios ordinarios, aquellos que no son recesivos ni expansivos, sino que también establecerá la responsabilidad de la administración que vulnere este tope y que deberá pagar una multa.

Este punto aún no ha sido concretado por los técnicos que elaboran la ley, pero fuentes del equipo negociador popular señalaron que cualquier vulneración de los topes legales de déficit o deuda de las administraciones será detectada y sancionada como hasta ahora por las instituciones de la Unión Europa, que son las garantes de hacer cumplir a todos los estados el pacto de estabilidad de la zona euro. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre hoy en día, la idea es que la norma española establezca los mecanismos para que la posible sanción acarreada por la desviación deba ser pagada por la administración o administraciones concretas culpables y no tenga que ser asumida por el Gobierno español, sea responsable o no, como pasa en la actualidad.

La limitación del déficit de todas las administraciones en el 0,4% del PIB no regirá hasta 2020, sin embargo, los efectos de la reforma constitucional sobre los presupuestos se van notar desde su entrada en vigor el próximo mes. La razón es que la ley de desarrollo no solo regulará el escenario contable para la próxima década sino que debe fijar la senda presupuestaria a través de la que las administraciones reducirán en nueve años su déficit del 6% a menos del 0,4% y bajarán la deuda pública española del 74% del PIB al 60% que reclama la UE. No obstante, según recoge el primer borrador, PP y PSOE podrán revisar en 2015 y 2018 el escenario previsto para 2020, esto es, déficit estatal del 0,26% y autonómico, del 0,14%, y ayuntamientos con cuentas equilibradas. Lo podrán hacer a la vista de la evolución de la economía europea, y alterar los topes marcados y la senda para conseguirlos.

Con permiso expreso

La reforma solo prevé tres excepciones para que los gobiernos puedan superar el límite de déficit obligatorio, las grandes catástrofes, los estados de emergencia o una recesión. Pero no será automático. Para poder saltar el tope será necesario que una mayoría absoluta del Congreso valide los motivos y otorgue a la administración una autorización expresa. La ley de desarrollo fijará, además, la forma y plazo en que estas desviaciones deben de corregirse para poder retornar a la obligada estabilidad presupuestaria.

La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, resumió el cambio de escenario en que ambos partidos han impuesto a España una senda obligada de estabilidad presupuestaria, en la que «la austeridad ya no es una opción sino una obligación de todos los gestores públicos». Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que la modificación es necesaria porque la deuda o el déficit excesivos «son muy malos» y con ellos «no se puede hacer política, ni de derechas ni de izquierdas».