El Salvador ampara a los acusados de asesinar a Ellacuría

Primer portazo de la Justicia salvadoreña a la Audiencia Nacional. La Corte Suprema se opuso ayer a ejecutar la orden de captura internacional cursada por el juez Eloy Velasco contra nueve de los 19 militares procesados por el asesinato de los jesuitas españoles en 1989, entre ellos el padre Ignacio Ellacuría y otros cinco compañeros.

El máximo órgano judicial de El Salvador considera que no puede tratar la extradición de los acusados porque la orden de detención emitida por Interpol no incluye esta petición. Para ello, dice, tiene que ser el «Reino de España a través de las autoridades diplomáticas o por medio del Ministerio de Justicia» quien la curse y de momento no hay ninguna comunicación.

El segundo argumento afecta a la situación de los acusados, que permanecían recluidos en un edificio militar desde el pasado 7 de agosto. Dice el alto tribunal que no se puede proceder a capturar a los militares porque «eso sí implicaría ejecutar una sentencia de un juzgado extranjero (en referencia a la Audiencia Nacional), lo cual sí lesionaría la soberanía nacional».

Esta explicación no es baladí, ya que aventura una futura sentencia en caso de que el Gobierno español pida la extradición de los acusados por vía diplomática. Una mayoría del tribunal no es partidario de la entrega ya que considera que los hechos ya fueron juzgados en los años noventa.

«Otra farsa más»

Para los responsables de la Universidad Centroamericana de El Salvador, lugar donde asesinaron a quemarropa a los seis jesuitas y a dos trabajadoras del centro, la decisión judicial es «otra farsa más» y la demostración de que las cosas no han cambiado veinte años después de finalizar la guerra civil que asoló el país.

Precisamente, algunos ven en la decisión de la Corte Suprema la negativa de Interpol Madrid a detener a dos empresarios españoles acusados de corrupción en El Salvador y la posterior decisión de usar la vía diplomática para pedir su captura y extradición, como ocurre ahora con los militares procesados, entre ellos el exministro de Defensa y un general del Ejército.