Chiclana será la primera localidad con normas urbanísticas transitorias

El equipo de Gobierno, a través de su edil de Urbanismo, Andrés Núñez, lo explicó ayer de forma gráfica en el Pleno ordinario. «Lo que queremos es tener un marco jurídico que permita atender a 22 millones de m2 de suelo, continuar con los proyectos e inversiones previstas, y no dar la puntilla al sector de la construcción».

Ese objetivo se cumplirá después de que la Corporación chiclanera diera, con la abstención del PSOE, el visto bueno a la solicitud a la Junta de Andalucía para que se suspendan las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal que datan de 1987, y que tras la anulación del Plan General por parte del Tribunal Supremo serían el marco legal por el que debería regirse el urbanismo en la localidad a partir de ahora.

Además, de forma paralela, los técnicos de la GMU y de la Dirección General de Urbanismo de la Junta han estado trabajando en una fórmula inédita hasta el momento en Andalucía, y que se aplicará por primera vez en Chiclana al amparo de la LOUA para salvar esa falta de planeamiento en el municipio.

Así, la localidad chiclanera será la primera que se rija por unas normas sustantivas de ordenación aplicable transitoriamente. Este documento será una especie de PGOU simplificado, es decir, unas normas urbanísticas que permitan atender al término municipal hasta tanto en cuanto se aprueba el nuevo Plan General de Ordenación.

El proceso de gestación de estas normas ya ha comenzado. Los técnicos han perfilado el procedimiento para su entrada en vigor, aunque todo apunta a que los trámites serán muy farragoso, y podrían extenderse por lo menos durante los próximos seis meses.

Después de que el Supremo anulara el Plan General vigente en la ciudad, Chiclana se quedará sin planeamiento cuando esa sentencia sea comunicada.

Para entonces las normas sustantivas provisionales no habrán entrado en vigor. Antes será necesario un trámite de audiencia al Ayuntamiento, el paso de ese documento por un consejo consultivo, e incluso su ratificación final por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

«Estamos en una situación límite y éste es un resquicio legal que nos da seguridad y garantías», asegura Núñez. Lo cierto es que ese documento permitirá continuar con el desarrollo del extrarradio, dar licencias y ejecutar promociones y reformas en suelo urbanizable.