Una reforma flexible

La reforma constitucional auspiciada por el directorio franco alemán en los 17 países del Eurogrupo para limitar el déficit público de las diferentes administraciones en la ley fundamental es una herramienta de dudosa utilidad económica que apenas busca incrementar la confianza de los mercados con garantías solemnes. Sin embargo, la evidencia de que el cumplimiento de esta nueva norma puede ser difícil, si no imposible, en ciertas condiciones críticas, da pie al riesgo de que las Constituciones se desprestigien por esta causa. Para evitar tal riesgo y conseguir que la reforma logre las mayores cotas de racionalidad, es preciso que sea flexible. Es decir, que persiga solo el déficit estructural a lo largo de todo el ciclo económico, y permitiendo por tanto que los presupuestos públicos tengan un papel anticíclico limitado pero real. El PP y el PSOE han coincidido en estas apreciaciones y han aclarado que la reforma entrará en vigor al término del actual proceso de salida de la crisis, no antes de 2018, pese a lo cual las resistencias ideológicas ante el inesperado anuncio son fuertes, sobre todo en el PSOE. Sería, en cualquier caso, absurdo promover un innecesario referéndum ya que, una vez abierto el melón de la reforma, los propios mercados no nos permitirían postergarla.