Límite constitucional

La introducción de una cláusula constitucional que limite el déficit público, pactada por el presidente Zapatero con el líder de la oposición Mariano Rajoy, cumpliría con la propuesta remitida el pasado 16 de agosto por Merkel y Sarkozy a las instituciones de la Unión Europea y, sorpresivamente, ofrecería una imagen de unidad entre socialistas y populares positiva para la proyección exterior de España. Más discutible resulta que reformar la Constitución fijando un tope al déficit entrañe efectos taumatúrgicos respecto a la credibilidad futura de las cuentas de nuestro país, tal y como el presidente dice albergar. Sería más lógico pensar que Zapatero ha tratado así de conjurar las sombras que se ciernen en lo inmediato sobre la economía española, convirtiendo la iniciativa germano-franca en un broche de oro de disciplina presupuestaria con el que culminar su propio mandato. En principio se trataría de constitucionalizar el compromiso adquirido en el seno de Europa, estableciendo un porcentaje de déficit como máximo en relación al PIB. Pero tal inclusión en la Carta Magna no sería ni suficiente ni operativa si no se ve acompañada de un desarrollo legislativo en materia de estabilidad presupuestaria que pormenorice los criterios de contención del déficit y haga partícipes del esfuerzo a todas las administraciones sin excepción. El acuerdo entre Zapatero y Rajoy aplicaría la propuesta de Merkel y Sarkozy en su versión formalmente más exigente antes de que se debata entre los socios europeos, lo que podría dejar en una situación desairada a aquellos países que optasen por una plasmación legislativa pero no constitucional del límite de déficit. Pero el fortalecimiento de la confianza en España a medio y largo plazo dependerá, en lo que a la acción política y gubernamental se refiere, de mucho más que de la coincidencia de intereses que Rajoy y Zapatero han hallado. Un acto de responsabilidad compartido que no se corresponde con la renuencia mostrada hasta ahora por el PP a apoyar la política del gobierno ni con la proclividad de éste a sacar adelante sus medidas prescindiendo de los populares. Un pacto de alcance constitucional que exigirá un mayor nivel de acuerdos partidarios para el futuro de la economía española.