Movilidad busca medidas alternativas para dar una solución a los autobuses urbanos

Los usuarios del transporte urbano en Jerez padecen la tercera semana de huelga mientras la plantilla reclama unos atrasos que se acercan a los 12.000 euros por trabajador entre lo que les adeuda la antigua concesionaria, Cojetusa, y la actual, Urbanos Amarillos. El servicio ha quedado reducido a un autobús por línea mientras los empleados se manifiestan por la calles de Jerez y el Ayuntamiento mantiene su enfrentamiento con la empresa.

La búsqueda de soluciones por parte del gobierno local prosigue para acabar con un conflicto que amenaza con eternizarse. Mientras el líder del Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, pedía ayer al PP que «baje a tierra tras la visita del papa para resolver el problema del transporte público», el delegado de Movilidad y Seguridad, Javier Durá, aseguraba que «el Ayuntamiento está trabajando en medidas alternativas para darle una solución definitiva».

Frente a lo manifestado por Pacheco, que apuesta por el rescate del servicio, Durá deja claro que «la medida que se adopte será la menos costosa, la más fiable, y, sobre todo, la que garantice la calidad de un servicio que es básico para la ciudad».

El delegado hace hincapié en que «es necesario trabajar con serenidad y desde el diálogo» para no caer «en la irresponsabilidad y el parcheo».

En relación a la decisión adoptada en la junta de gobierno de exigir a la empresa el pago de los 3.275.000 euros pendientes en el contrato, Durá explica que «Urbanos Amarillos, ejerciendo un derecho que le corresponde, ha presentado un escrito de alegaciones a la exigencia del pago». El Consistorio tiene ahora un plazo para dar respuesta a las alegaciones, aunque la empresa advierte ya de su intención de recurrir la exigencia del pago por la vía del Contencioso-Administrativo, lo que alargaría aún más el proceso.

El delegado señala igualmente que sigue en marcha el expediente sancionador a Urbanos Amarillos por «incumplimiento flagrante del pliego de condiciones» del contrato.

Durá explica que «la situación no está para hacer experimentos ni parcheos». En este sentido añade que, a la hora de adoptar medidas, «hay que tener en cuenta que el rescate de la concesión supone un elevado coste para el Ayuntamiento, ya que habría que pagar una indemnización a la empresa, incluso por el lucro cesante de quince años».