Recuperar el Impuesto de Patrimonio con otra filosofía

El Gobierno podría restaurar en breve el Impuesto sobre el Patrimonio, que no está suprimido sino en letargo, pero pretende hacerlo con una filosofía distinta. Si hubiera voluntad política para hacerlo, «se podría estudiar en 24 horas», declaró ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en el Congreso.

No es una sorpresa que el Ministerio de Economía lleva tiempo analizando, e incluso ha pedido opinión a expertos ajenos a su departamento, las posibilidades recaudatorias y la ejemplaridad de una figura tributaria existente. Podría reactivarla con una simple modificación de sus características, es decir, aplicando determinados tipos a según qué tramos de renta.

Cuando el Gobierno de Zapatero decidió en 2008, cumpliendo una promesa electoral, aplicar una exención del 100%, el importe de la recaudación estaba cedido a las comunidades, y la administración central tuvo que compensarlas. En el último ejercicio fiscal en el que estuvo en vigor, el 2007, lo pagaron 976.793 contribuyentes, que aportaron 2.121 millones de euros a las arcas públicas.

«Si hubiéramos sabido la profundidad que luego iba a alcanzar la crisis, no lo hubiéramos eliminado», reconoció el viernes Elena Salgado, que entonces no era la responsable de la Hacienda Pública.

Los sindicatos pidieron por carta la semana pasada al presidente del Gobierno la adopción de medidas contundentes «ante la gravedad de la situación económica». Sugerían entre ellas la recuperación del Impuesto sobre Patrimonio.

Tiempo parcial

Los cambios que el Ministerio de Trabajo había previsto introducir en la regulación del contrato a tiempo parcial no verán la luz en la reunión del Gabinete del próximo viernes. La modificación abría camino al reparto de hasta un 10% de la jornada de los contratados, de manera que pudiera ser redistribuida por el empleador en función de sus necesidades. UGT y CCOO avisaron al Ejecutivo de que una iniciativa de ese tipo iba a suponer una merma de los derechos de los trabajadores.

Las medidas relativas al mercado de trabajo que el Gobierno aprobará esta semana abordan aspectos del contrato de formación, que podría prorrogarse para los parados hasta la edad de 30 años por un periodo transitorio de dos ejercicios.