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Rubalcaba plantea que consejos de alcaldes reemplacen a las diputaciones provinciales
Propone eliminar todos los cargos políticos y pasar las competencias a los gobiernos autonómicos para así ahorrar 1.300 millones
MADRID. Actualizado: GuardarConsejo de Alcaldes. Esta es la figura que propone Alfredo Pérez Rubalcaba para sustituir a las diputaciones provinciales. El cambio supondría suprimir de un plumazo a 1.037 diputados provinciales y sus asesores, y trasladar el grueso de sus competencias a los gobiernos autonómicos. Una operación con las que las arcas del Estado se ahorrarían casi 1.300 millones de euros. El PP no criticó el fondo de la propuesta, pero arremetió contra el candidato del PSOE por defender hasta hace poco la existencia de estos órganos y ahora proponer su abolición.
Tras meses de trabajo, la propuesta del PSOE sobre las 38 diputaciones provinciales vio ayer la luz y será debatida por la conferencia política que celebrará ese partido del 30 de septiembre al 2 de octubre. Los populares darán a conocer su propuesta en septiembre y todo apunta a que no diferirá mucho de la socialista. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, abogó ayer por convertirlas en «estructuras administrativas de gestión» despojadas de «componentes políticos» y que estén «bajo la supervisión de los ayuntamientos». Con otras palabras, una fórmula similar a la de Rubalcaba.
El candidato socialista explicó que se trata de «simplificar (la administración), evitar duplicidades (competenciales) y ahorrar en el gasto público». Detalló que estos organismos tienen 1.037 diputados provinciales; esto es, cargos políticos designados por el partido mayoritario en el territorio, y cuentan con un presupuesto anual de 6.000 millones de euros, cifra que no es exacta porque en su afán por dar números redondos se olvidó de 479 millones que completan la dotación económica de estos entes.
De los 6.479 millones, el 20% corresponde a gastos prescindibles. Es decir, los salarios de los 1.037 diputados provinciales y su personal de confianza, así como las partidas inherentes a la estructura política de las diputaciones, como protocolo y parque móvil, y otros capítulos referidos a competencias que desarrollan y que dejarían de tener, como publicidad y propaganda, reuniones, congresos y jornadas, vestuario, dietas y seguridad, estudios y trabajos técnicos. La suma que ha hecho el PSOE es que la supresión de este gasto ahorraría 1.295 millones de euros, que Rubalcaba, en su gusto por el redondeo, dejó en mil millones.
El segundo eje de la propuesta es que el grueso de las funciones y servicios que gestionan las diputaciones pasarían al gobierno de la respectiva comunidad autónoma. Entre ellos, medio ambiente, agricultura y pesca, vivienda, educación, consumo, programas y centros de salud, bienestar social y servicios sociales, cultura y deportes, políticas de igualdad, y algunas áreas más.
Alcalde de alcaldes
Tras este vaciado competencial, reconoció, el Consejo de Alcaldes limitaría su papel a la representación de la provincia con «una estructura de gestión aliviada de la carga política». Ese consejo, añadió el candidato del PSOE, tendría un presidente elegido por los alcaldes de la provincia y retendría alguna competencia, como los servicios de bomberos para los municipios más pequeños. También puntualizó que algunas materias podrían pasar a ser competencia municipal, como la gestión de los residuos.
Rubalcaba precisó asimismo que esta profunda reforma no acarrearía una pérdida de puestos de trabajo ya que los funcionarios y personal contratado tendrán «garantizado» su empleo pues el único cambio sería que pasaría a depender de los gobiernos autonómicos. Como ocurre ahora, dijo, con las competencias que el Gobierno central cede a las comunidades.
El candidato no tuvo más remedio que admitir que ha experimentado «un cambio» respecto a su anterior criterio de mantener las diputaciones porque ahora «hay que ahorrar en cargos políticos». Rubalcaba, como ministro del Interior, se opuso en 2006 a una reforma de los organismos provinciales que defendió el entonces titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el PSOE rechazó en febrero en el Congreso una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego para suprimirlas.