El PP ofrece al PSOE un pacto de estado sobre el futuro de las diputaciones

El PP está dispuesto a revisar el papel de las diputaciones provinciales y ha propuesto al PSOE un pacto de estado para su reforma. Los populares, a diferencia de los socialistas, de ningún modo se plantean la supresión de los entes territoriales. Un punto de partida que no va a facilitar el acuerdo porque el Gobierno cree que la mejor solución es la liquidación sin más de estos organismos. El ministro de Fomento, José Blanco, fue muy claro: «Si queremos hablar en serio de la reducción de costes, de simplificar la administración, tenemos una oportunidad que es eliminar unas instituciones que han quedado obsoletas después del desarrollo autonómico».

El PP, con 27 diputaciones bajo su control, no quiere ni oír hablar de la eliminación de las diputaciones sin que la medida vaya acompañada de otros recortes en las administraciones públicas. A todo lo más está dispuesto a acordar con los socialistas una reforma de las organismos provinciales, pero dentro de una reforma general de las administraciones. Para eso «hace falta un gran pacto de todas las fuerzas políticas, principalmente de las dos más grandes; de no hacerse, no es viable el cambio», explicó ayer el responsable de Política Autonómica de su partido, Javier Arenas. El dirigente opositor convino que «hay que redimensionar el papel de las diputaciones» porque se dan situaciones tan absurdas como la de encontrar en un mismo territorio altos cargos locales, provinciales y autonómicos encargados de la misma área. Pero «aunque nos carguemos las diputaciones -remarcó- lo demás tampoco puede seguir igual».

Arenas subrayó que esta es una tarea urgente y anunció que «lo primero» que hará el PP si gobierna tras las elecciones del 20 de noviembre es aprobar «el proyecto de reforma global de todas las administraciones públicas».

Una idea que ya esbozó el pasado domingo Mariano Rajoy, quien apuntó que entre las primeras que llevaría a cabo al frente del Gobierno si resultase elegido estaría la supresión de «organismos públicos y entes autónomos para simplificar la administración y terminar con las duplicidades» entre gobiernos. El líder del PP andaluz anticipó en una entrevista en Onda Cero que la poda afectará a «todos» los órdenes de la vida pública salvo a la educación, sanidad y asuntos sociales.

La opinión del vicesecretario de Política Autonómica no tuvo que sonar como música celestial en su partido ya que hubo una avalancha de presidentes de diputación del PP que cerraron filas en defensa de sus instituciones y cargaron contra los socialistas por plantear su desaparición. Todos a una defendieron la necesidad de mantener vivos los organismos y solo admitieron que sería aceptable una redefinición de sus competencias. Un criterio con el que coincidieron, con mayor o menor entusiasmo, sus homólogos socialistas.

Preautonómicas

El Gobierno y la dirección del PSOE, en cambio, son decididos defensores de la abolición, ni siquiera se plantean la reforma que esbozó el martes Alfredo Pérez Rubalcaba como solución de consenso. «No se puede pedir un recorte del gasto público y no dar pasos donde se puede recortar», afirmó ayer el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE.

Blanco recordó que las diputaciones provinciales son «preautonómicas» y que, una vez concluido el proceso de descentralización autonómica, su existencia como administración intermedia carece de sentido. El ministro se quedó corto porque más que preautonómicas son del siglo XIX, pues comenzaron a funcionar en 1836 y su creación ya estaba recogida en la Constitución de Cádiz de 1812.

El número dos del PSOE arguyó además de las razones políticas argumentos económicos para justificar la liquidación de las diputaciones en tiempos de crisis. Su tesis es que los servicios que prestan a los municipios pequeños pueden ser facilitados por los gobiernos autonómicos, como ocurre en las comunidades uniprovinciales.

De esa forma, ilustró Blanco, se podrían suprimir «muchos altos cargos y muchos coches oficiales» con el consiguiente ahorro de «miles de millones de euros» mientras que los ciudadanos y ayuntamientos pequeños podrían recibir «los mismos servicios» prestados por la administración autonómica o la municipal, según sea el caso.

Un aspecto que ninguno de los dos grandes partidos ha tocado, aunque sí lo han hecho algunos catedráticos y académicos, es que la supresión de las diputaciones puede requerir una reforma de la Constitución, un trámite que reviste una especial complejidad y requiere también un largo trámite parlamentario.