Gobierno trilero

El Gobierno español no sabe qué hacer. En realidad nunca lo supo y así nos van las cosas. Tampoco mejorarán las cosas las posibilidades de concentración que ofrece el mes de agosto el Palacio de la Marismilla de Doñana. Para concentrarse y sacar provecho, hay que tener previamente una base intelectual sólida. Y quién estudió dos tardes a regañadientes economía, ni lo uno ni lo otro. Así es que la estancia del Presidente en las dunas onubenses, sólo le servirá para ver de cerca a algún que otro lince y pasear por lugares prohibidos para la mayoría de los mortales, a pesar de ser cañadas reales desde hace siglos. Sólo las personas sensatas, cautas, consecuentes, que miran por encima de todo el interés general, sólo ellas debieran ser merecedoras de surcar esos caminos del Rocío. Y que yo sepa, a las pruebas me remito, nuestro «insigne» gobernante no es que no cumpla un solo requisito, es que no se le reconoce ni la actitud, ni la aptitud necesarias para merecerlos en un porcentaje aunque sean nimios.

La última ocurrencia, el incremento de los pagos a cuenta durante el ejercicio de 2011 del Impuesto de Sociedades para las empresas con facturación mayor a los seis millones de euros y de esa forma obtener unos ingresos de 2500 millones de euros antes de la finalización del presente ejercicio, con los que poder justificar el cumplimiento del objetivo de déficit público. El escenario en el que se anuncia la medida, es el de la sorpresa. La medida supone restar liquidez al sector privado para aliviar el exceso de gasto sobre los ingresos públicos presupuestados. Es decir, en los dos pagos fraccionados a cuenta del Impuesto de Sociedades, que aún quedan pendientes y que deben liquidarse en el transcurso del presente ejercicio (octubre y diciembre).

Hasta hace bien poco, ZP mantenía una posición excéntrica para alguien como él, ubicado en la extrema izquierda, que consistía según su parecer, con que reducir los impuestos era de izquierdas. Ahora, el pasado 29 de julio, anuncia que un decreto ley será promulgado próximamente para «mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades». Dada la ambigüedad del mensaje, una vez más, se interpretó como una subida del impuesto. Posteriormente, la Vicepresidenta advirtió que la pretensión del ejecutivo con la medida anunciada era legislar para posibilitar el adelanto de cantidades a cuenta. Una medida sin aparente trascendencia, pero que va a suponer adicionales problemas de gestión a las empresas. El adelanto del pago de cantidades a cuenta van suponer problemas de tesorería, lo que va a dificultar su gestión.

Sin lugar a dudas, las reformas demandadas por la economía española, requerirán en un futuro próximo reformas del ordenamiento tributario de calado, si es que se quiere alcanzar los objetivos de política económica consistentes en el crecimiento económico, dinamizando la economía, crear empleo y equilibrar los presupuestos públicos, reduciendo a posiciones cercana a cero el déficit público, a la vez que se minora la deuda pública. Sin temor a la equivocación les digo que lo que demanda la economía española es justo lo contrario de lo que se ha hecho en estos siete años anteriores. Desde 2004, España fue invadida por un halo de 'Alicia en el país de las maravillas'. Desde esos momentos y hasta 2010, la política presupuestaria se ha caracterizado por la adopción de medidas legislativas dirigidas de forma sistemática a aumentar el gasto y reducir los ingresos públicos. La situación era absurda, pero aún así, volvió a ganar las elecciones en 2008, sobre la base de la confección de unos Presupuestos para ese mismo año, absolutamente falsos. Sólo hay que ver el cuadro macroeconómico que lo sustentaban y las veces que hubo que modificarlo. Todo un esperpento y una situación de inseguridad jurídica y económica manifiesta. Un auténtico empacho de política económica populista, que dejaban al mismísimo Perón en pelotas. En resumen, una situación vistosa socialmente, apacible y angelical, pero claramente insostenible. Con otro agravante, una parte importante de los ingresos fiscales hasta 2007, procedían del sector de la construcción. Así es que sólo se me antoja una reforma en profundidad de nuestro sistema impositivo, que tenga un doble objetivo. Por un lado, que sea capaz de dinamizar la actividad económica y por otra parte, corregir la propensión de los últimos años al recurso al déficit público, así como asumir con naturalidad el pago de la deuda.

Ello nos sitúa en un doble escenario en el corto y medio plazo. Los impuestos no podrán ser bajados en ese horizonte temporal. Ya lo ha dicho el Sr. Rajoy, cuando encauza la cuestión al más estilo gallego, aduciendo a la «reducción selectiva» de estos. En los próximos años, al menos durante aquellos que marcarán el inicio de la próxima legislatura, vendrán determinados por el mantenimiento de los incrementos habidos en la imposición indirecta (IVA e Impuestos Especiales). Posiblemente se considere necesario la derogación de la actual exención de carácter general del Impuesto del Patrimonio, más que por sus posibilidades recaudatorias, por su consideración instrumental en el control de las rentas de las personas físicas. Al unísono, habrá que recuperar el gravamen progresivo de los rendimientos de capital en el marco del IRPF. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones deberá estandarizarse para todo el territorio español y por último, las exigencias perentorias de financiación local, debiera suponer la reconsideración del Impuesto de Actividades Económicas, posibilitando su deducción en la cuota del IRPF o en el Impuesto de Sociedades. De esta forma, el impuesto sería inocuo o neutral desde la perspectiva de la carga tributaria, pero redistribuiría de forma más adecuada los ingresos fiscales, mejorando, racionalizando e independizando sobre todo, la financiación de las administraciones locales.

Pero, al unísono con las reformas fiscales que podrían mejorar el problema desde la perspectiva de los ingresos públicos, se hace necesario una drástica reducción del gasto público. De forma inmediata, acabar con la concepción de Estado benefactor. Adelgazar de forma ostensible el sector público, terminar con el sistema de prebendas a los sindicatos, organizaciones patronales, partidos políticos y un sinfín de entidades que si quieren sobre vivir, que lo hagan a costa de sus propios interesados y no a costa del erario público. Sólo así, encauzaremos la senda de la ortodoxia económica y presupuestaria. Menos Estado y más posibilidades al individuo. Que el Estado no nos siga exprimiendo más, pidiéndonos más, para seguir haciendo lo que ha hecho en estos años con total maestría, malgastar y comprar muchas voluntades.