La UE da luz verde al permiso de trabajo para los rumanos

Los trabajadores rumanos necesitarán, hasta el final de 2012, un permiso de trabajo para venir a trabajar a España. La Comisión Europea aceptó ayer, de manera inédita, la petición española de suspender la libre circulación de ciudadanos procedentes de Rumanía a causa de «las graves perturbaciones de su mercado laboral». El ejecutivo comunitario encontró en «el descenso sin precedentes del PIB, del 3,9% entre 2008 y 2010» y en «la tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea», de más del 20%, motivos suficientes para justificar su autorización. La medida, aclaró, «no afecta a los que ya trabajan en el mercado laboral español o a los que estén inscritos (.) en los Servicios Públicos de Empleo».

El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, aseguró que «la Comisión comprende que, en esta coyuntura concreta, debido a la grave situación del empleo y a un entorno financiero muy complejo, las autoridades españolas deseen dar un paso atrás con respecto a la plena libertad de circulación» aunque, matizó, «esta decisión se ha tomado por la peculiar situación del empleo en España. En principio, estoy convencido de que restringir la libre circulación de trabajadores en Europa no es la respuesta a un desempleo elevado».

Cuando Bulgaria y Rumanía entraron a formar parte de la Unión Europea, en 2007, se estableció una moratoria de siete años (hasta el final de 2013) que cada país podía aplicar para retrasar la implantación de la libre circulación de ciudadanos, una de las libertades fundamentales -y fundacionales- de la entidad supranacional. España liberalizó en 2009 la llegada de trabajadores rumanos. En la actualidad, otros diez países comunitarios limitan a determinados sectores de actividad o a la posesión de un permiso de trabajo su entrada al mercado laboral.

Entre 2006 y 2010 el número de personas de origen rumano en nuestro país pasó de 340.000 a 825.000. El flujo se redujo desde el comienzo de la crisis pero siguen constituyendo el grupo de ciudadanos extranjeros con mayor presencia en España. Según la Comisión, la decisión española de acogerse a la denominada «cláusula de salvaguardia», que solo puede invocarse por estos motivos, también será beneficiosa para los trabajadores de Rumanía que ya están integrados en el mercado laboral. Cualquier Estado miembro de la Unión tiene derecho a solicitar al Consejo Europeo que modifique o anule la decisión de la Comisión en un plazo de dos semanas. Esta recuerda que podrá revisar su dictamen cuando lo considere necesario.