La Junta tira la toalla en la pelea judicial del tranvía y volverá a negociar las expropiaciones

Marcha atrás. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha decidido sacar de nuevo a información pública el proyecto del tranvía de la Bahía de Cádiz en el tramo de San Fernando, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que consideró nulo el proyecto por errores administrativos. ¿Por qué ahora y no antes? Pues es la pregunta del millón. Según la propia Junta de Andalucía Esta iniciativa de la Consejería pretende dar a la actuación la agilidad necesaria para que el tranvía entre en servicio en 2012, fecha prevista inicialmente para la finalización de esta infraestructura. Ni que decir que son plazos muy cogidos con pinza ante la situación actual del nuevo medio de transporte. Por eso mismo no se entiende que no haya acatado la decisión desde el primer momento, cuando las primeras resoluciones llegaron en noviembre del pasado año. De esta manera se ha prolongado un proceso cuyo cuentakilómetros se tiene que poner de nuevo a cero. Significa que hay que reiniciar todo el proceso, pero para que no haya confusión más vale aclarar algunos puntos.

En primer lugar esto no significa que se pueda cambiar el trayecto actual del tranvía, ya que hay que recordar que la sentencia anuló el proyecto por defectos de forma y no por la ilegalidad o inconveniencia de su ruta por el centro de San Fernando. En segundo la infraestructura ya está totalmente montada y no se va a invertir de nuevo casi un centenar de millones de euros en abrir zanjas, meter cableado y vías por otro camino. Por ello es más factible, en caso de que haya una fisura legal, que antes de cambiar el trazado se decida que no circule el tranvía, pero esto son ya suposiciones y conjeturas.

Por otro lado, la decisión acarrea una serie de consecuencias inmediatas y una de ella es la paralización de los trabajos que se están realizando. Sentenciar que el proyecto es nulo es lo mismo que decir que no existe un proyecto y por tanto no hay obra que se pueda amparar legalmente sin este documento. Motivo por el que precisamente las tareas tienen que suspenderse a la espera de que todo el proceso finalice. Así que no se puede terminar el puente de la variante junto al puente Zuazo ni acometer la iluminación en la zona de la fuente de la Comunicación, que seguirá con los focos de obra.

Quitar el recurso

Toda esta marabunta ha sido provocada porque la Junta de Andalucía ha presentado el desistimiento a recurrir la sentencia del TSJA, que ordenaba la paralización de las obras en varios tramos del trazado del tranvía a su paso por el municipio de San Fernando.

La Junta tenía la posibilidad de presentar ahora ante el Tribunal Supremo un recurso de casación ante la resolución del alto tribunal andaluz, opción que la Administración andaluza ha desechado para evitar retrasar entre 2 y 3 años todo el proceso y propiciar la agilización del mismo, según aseguró el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Lorenzo.

En ese sentido, Lorenzo resaltó «el interés de la Junta de Andalucía por finalizar cuanto antes esta actuación, con el fin de dotar a la Bahía de Cádiz de un sistema de transporte eficaz, eficiente y sostenible». De igual modo, el delegado anunció que «los vagones del futuro tranvía están ahora mismo en construcción y que es intención de la Consejería realizar las pruebas de este nuevo modo de transporte en el último trimestre de este año». En un primer momento estaba planteado que las pruebas se realizaran en torno a septiembre.

Pablo Lorenzo puso de relieve la «firme voluntad» del Gobierno andaluz para que el tranvía funcione correctamente y en el plazo previsto, y para conseguirlo, apela a la colaboración necesaria de los ayuntamientos por los que discurre su trazado.

A pesar de que la Justicia les ha dado la razón en diferentes ocasiones hasta el momento los expropiados de la zona de Montañeses de La Isla no han hecho más que sufrir los percances de la obra del tranvía. Aún lo hacen. Curiosamente es la única zona de todo el trazado que cuenta con vallas que dificultan el paso a los locales y establecimientos de la zona. Y no se sabe cuánto tiempo permanecerán en esta situación pues ahora hay que reiniciar todo el proceso administrativo para poder reanudar las obras. Al menos esta decisión coloca a los afectados en una posición inmejorable para pedir daños y perjuicios. Hay que recordar que de la veintena de afectados tan solo uno se negó a firmar un acuerdo con la Junta. El resto rubricó en documentos el precio de expropiación. Por tanto lo único que pueden hacer ahora es solicitar daños y perjuicios por el derribo de un edificio que se realizó cuan había defectos de forma en el proyecto que sustentaba esta decisión.

El único que puede renegociar el precio de expropiación es Joaquín Moreno, que no firmó. Aunque al parecer esa será otra batalla legal ya que por el momento no ha habido ningún tipo de contacto por parte de la Junta para arreglar su situación. En el edificio donde vivía ahora hay un jardín y una estatua sobre la libertad de expresión, ironías de la vida.