La justicia salvadoreña rechazó reabrir el caso Ellacuría en 2010

Escasas son las posibilidades de que los nueve militares salvadoreños procesados por el asesinato de los jesuitas españoles en 1989 sean extraditados. La decisión final depende de la Corte Suprema de El Salvador, el máximo órgano judicial del país. Y los antecedentes no son nada halagüeños.

Este mismo tribunal ya votó hace un año en contra de colaborar con la Audiencia Nacional para esclarecer los brutales crímenes, que acabaron con la vida del padre Ignacio Ellacuría, otros cinco religiosos y sus dos empleadas.

Una mayoría de magistrados argumentó la prohibición legal del doble enjuiciamiento, ya que los hechos ya habían sido juzgados en 1990, y recordaron la posterior aprobación de la ley de amnistía de 1993 que exoneró a los actores que sumieron al país centroamericano a una larga guerra que se cobró más de 75.000 víctimas civiles en una década.

Entre los indultados se encontrarían los 20 militares de extrema derecha que el juez Eloy Velasco procesó por el asesinato de los jesuitas, entre ellos los nueve que se entregaron de forma voluntario el domingo y sobre los que pesaban una orden de búsqueda y captura.

Los magistrados dijeron entonces que las personas acusadas «ya fueron procesadas en nuestro país por los mismos hechos, habiendo sido sentenciados algunos y otros exonerados». Asimismo, añadieron que de accederse a esta petición resultarían vulnerados principios básicos como la seguridad jurídica.

No obstante, fuentes judiciales recuerdan que en el juicio de 1993 no «estaban todos los que son», ya que entonces fueron condenados dos militares y otros siete fueron absueltos, y que la responsabilidad penal de los procesados ahora por el juez Velasco sigue activa.

La entrega voluntaria de estos militares, entre los que se encuentra un exministro, un general y dos coronoles, ha causado un gran revuelo en el país centroamericano.