Los sindicatos protestan por la flexibilización de los contratos a tiempo parcial

Los sindicatos mayoritarios han puesto el grito en el cielo tras las últimas declaraciones de la ministra de Economía, Elena Salgado. El recordatorio de una inminente flexibilización de la contratación a tiempo parcial recibió una contestación conjunta de UGT y CCOO, muy crítica con lo que, según ellos mismos consideran, es el probable contenido de la reforma. La medida, confirmó Salgado, se aprobará en alguno de los dos Consejos de Ministros pendientes para la segunda mitad de agosto.

Aunque el Ministerio de Trabajo aún está negociando los detalles de la flexibilización, los sindicatos centran sus críticas en las propuestas que realizó el Gobierno en la mesa de empleo para el desarrollo del Acuerdo Social y Económico (ASE). De confirmarse, las medidas sugeridas por el Ejecutivo supondrían un aumento del 5% al 10% del número de horas variables dentro de la jornada laboral de los trabajadores a tiempo parcial. El empresario, denunciaron las organizaciones sindicales, tendría la potestad de ajustar estos horarios sin tener en cuenta la voluntad del asalariado. Además, la reforma también reduciría el margen para anunciar al empleado los cambios en su calendario desde los siete días que tienen en la actualidad a sólo tres.

UGT y CCOO consideraron que, en caso de concretarse en estos términos, la flexibilización «rompe el equilibrio entre las prestaciones de ambas partes al dejar al arbitrio del empresario la decisión de distribuir la jornada de los trabajadores de manera irregular y determinar la realización o no de una parte de la jornada a la que se le da carácter variable». También, afirmaron, atenta contra la capacidad del asalariado para conciliar la vida laboral y la personal. «La solución para que el contrato a tiempo parcial funcione», señalaron, «no puede basarse en el incremento desmesurado del poder empresarial, sino en que resulte útil para empleador y empleado».

Esta modalidad de contrato laboral es objetivo prioritario del Gobierno, que la considera clave para remontar la preocupante situación del desempleo en España y una solución para facilitar a los jóvenes compatibilizar un puesto de trabajo con una formación que les permita reciclarse. En febrero aprobaron bonificaciones fiscales para incentivar su implantación. Según la última Encuesta de Población Activa, creció un 3,58% interanual en el segundo trimestre.