La otra cara del hambre

En el último año, la sequía, la violencia y la desidia internacional han generado una crisis humanitaria en todo el Cuerno de África. A lo largo de los pasados doce meses, los gobiernos de Etiopía, Uganda y Kenia han respondido al drama de sus pueblos con la sorprendente aplicación de radicales políticas liberales. Literalmente, han puesto su tierra a la venta. Etiopía, uno de los países más afectados, ha adjudicado tres millones de hectáreas fértiles a empresas extranjeras y, tal y como denuncia la ONG Survival, incluso pretende despojar a una tribu de su ancestral hábitat para convertirlo en una explotación comercial. Al parecer, a juicio del Gobierno abisinio, la modernidad exige convertir a los labradores en jornaleros de empresas foráneas, y sus cultivos tradicionales en campos de vasta homogeneidad dedicados a la caña de azúcar.

El suelo del continente negro se ofrece al mejor postor. Mientras las agencias de Naciones Unidas demandan fondos para atender la emergencia, sumas elevadas procedentes de Europa y Asia fluyen hacia las administraciones implicadas. El Banco Mundial asegura que solo el pasado año, las sociedades de inversión se hicieron con 32 millones de hectáreas al sur del Sáhara. El fenómeno afecta a toda el área y ocasiona extraños compañeros de viaje. La República de Congo-Brazzaville negocia la cesión de diez millones, un tercio de su superficie cultivable, a Agri, un poderoso consorcio de 70.000 empresarios agrícolas sudafricanos.

Por ley, los terratenientes blancos han de desprenderse de un tercio de sus propiedades antes de 2014, pero ya han conseguido nuevas y extensas parcelas en Mozambique y recibido ofertas de Zambia y Sudán. Estas operaciones de colosales proporciones tienen también un enorme trasfondo social y medioambiental. El Gobierno congoleño asegura que las tierras mercadeadas están vacías o abandonadas. Pero, según la campaña 'Aquí vive gente', impulsada por Veterinarios sin Fronteras, se trata de ecosistemas naturales o aldeas donde habitan y trabajan comunidades, generalmente desprovistas de títulos de propiedad. La ONG relata la primera expulsión llevada a cabo por el Ejecutivo ugandés, hace ya diez años, de un territorio poblado para convertirlo en una plantación cafetera de titularidad alemana. El desalojo provocó cinco muertos y la destrucción de las viviendas. El informe señala que, hasta la fecha, no ha habido ningún tipo de compensación.

Hambre y desnutrición

Una tercera parte de los africanos sufre el hambre y la desnutrición recorta tanto la calidad como la esperanza de vida. Las explotaciones agrícolas familiares, poco rentables por la falta de insumos y la precariedad de las infraestructuras, no garantizan la seguridad alimentaria. La FAO ya ha advertido sobre las catastróficas consecuencias de este negocio, alentado por Estados con déficit de tierras cultivables.

La irresponsabilidad política al respecto aparece nítidamente expresada en las estadísticas. El compromiso de aportar más del 10% del presupuesto nacional a este fin fue aprobado por los 54 miembros de la Unión Africana hace ocho años pero, hasta la fecha, tan sólo nueve lo cumplen y la ayuda oficial al desarrollo destinada a este fin ha descendido del 19% al 5%.

El Banco Mundial aparece como el gran tapado en este negocio. El Instituto Oakland, observatorio independiente en torno al desarrollo, afirma que su presión sobre los gobiernos locales ha motivado las reformas legales requeridas para la viabilidad de este comercio, al parecer, instrumentalizado por una de sus filiales, la Sociedad Financiera Internacional, implicada como asesora y socio capitalista en las transacciones. La fórmula mayoritaria es el arriendo por plazos de noventa años o más, susceptibles de prórroga.

El 'boom' de los biocarburantes explica el súbito interés por la inversión agrícola. La rápida expansión de la jatropha, planta empleada con tal fin, o de la caña de azúcar, base del bioetanol, provoca transformaciones socioeconómicas y acelera el proceso de contaminación ya perfectamente constatable en el continente. Las nuevas plantaciones exigen acuíferos abundantes y el empleo de fertilizantes y pesticidas, a menudo sobre suelos de extrema fragilidad.

La expansión de estos cultivos desprende un tufo neocolonialista en países que apenas cuentan con medio siglo de independencia, un bagaje democrático nimio y oligarquías siempre propensas a esquilmar el erario público. Sus poblaciones apenas han participado en su desarrollo. Más allá de teóricos beneficios, susceptibles de malversación, la irrupción de los monocultivos comerciales puede agudizar la creciente carestía de los productos de primera necesidad. Las previsiones son funestas. Oxfam estima que en los próximos veinte años, el precio de los más básicos se doblará en los países del Sur.

El fenómeno supera los límites políticos y económicos. Hace dos años, la pretensión del presidente malgache Marc Rovalomanana de alquilar durante un siglo a Corea del Sur la mitad de las tierras arables de su país provocó una intensa reacción adversa. La finalidad del acuerdo era la producción de biocombustible y cereales para la superpoblada potencia oriental y entre las contraprestaciones se incluía la construcción de un puerto para el tráfico entre ambos países. La oposición social y la oportuna aparición de un líder como Andry Rajoelina arruinaron el proyecto y enviaron al exilio al jefe del ejecutivo.