Los empresarios se desmarcan del fraude a Industria y piden más control

El fraude a las ayudas para la reindustrialización de la Bahía tiene nombres y apellidos, los de Alejandro Dávila Ouviña y sus socios. Ese aspecto está claro. Lo que no parece tan evidente es si se le pueden exigir responsabilidades a alguien más. Desde el PP tienen claro que sí. Apuntan al director gerente de Bahía Competitiva, Antonio Perales, así como a los responsables de filtrar las solicitudes de ayuda en la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, llegando a tildar el asunto como «caso de corrupción».

El fraude de las empresas Aquandalucía, Cádiz Solar y Soluciones Tecnológicas Ambientales, sin dejar de ser reconocido como intolerable, ha sido recibido por el Ministerio de Industria, que es la entidad responsable de la concesión de las subvenciones y del control y seguimiento del objetivo con que las mismas fueron concedidas, como una simple piedra en el camino, ya que se trata de un número nimio frente a las 600 ayudas concedidas con aprovechamiento por parte de las empresas beneficiarias.

En los últimos días se ha criticado que en 2009 Industria retirase la orden que obligaba a las empresas a presentar un aval si querían conseguir la ayuda. El diputado socialista por Cádiz y portavoz de la Comisión de Fomento, Salvador de la Encina, ha declarado al respecto que, a pesar de saber que se corría un riesgo con esta decisión, se optó por exonerar a las empresas de presentar el aval para facilitar su acceso a las subvenciones, añadiendo que la retirada de la orden fue reclamada por los propios representantes de los empresarios ya en 2008 y no fue hasta el año siguiente cuando por fin se pudo llevar a cabo.

Los responsables de la patronal gaditana se mostraban ayer sorprendidos y disconformes con esta justificación aportada por el diputado socialista. En esta línea se pronunció el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Ángel Juan Pascual. El empresario aclaró ayer que la entidad que preside en ningún momento ejerció ninguna presión sobre el Gobierno. «Los empresarios gaditanos respetamos a la administración y los procesos que lleva a cabo. Nunca le pedimos que retiraran la obligación de presentar un aval». Es más, Pascual asegura que es partidario de que se pida este tipo de garantías a las empresas. «Los avales son una garantía de que las subvenciones se entregan a empresas solventes», dijo.

El presidente de la Cámara de Comercio pide a las administraciones pertinentes que se depuren las responsabilidades en el caso del fraude. «Hay que distinguir entre unos empresarios y otros», dijo.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Miguel González Saucedo, quiso dejar claro lo siguiente: «No conocemos a estos empresarios, lo único que sabemos es que no son de Cádiz. Hemos pedido información a varios organismos y aún no nos han dicho nada al respecto de estos casos». González, que se mostró reacio a opinar sobre el asunto, añadió que «lo único que sé es que a los gaditanos se nos echan muchos proyectos para atrás».

Campo de Gibraltar

Salvador de la Encina también quiso aclarar de donde viene esa petición de los empresarios de retirar los avales. «En 2008 recibí una carta del presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, cuando la crisis empezaba a asomar, diciendo que era muy difícil para las Pymes conseguir un aval. Entonces no hubo posibilidad de suprimir los avales, pero en 2009 lo volvieron a pedir y se eliminó la orden que exigía los avales para toda España. Con esto se posibilitó que multitud de proyectos que no se podían acoger a las ayudas lo hicieran. Fue un éxito. El Ministerio era consciente de que asumía un riesgo, pero se abría un gran puerta».

Por otra parte, De la Encina quiso aclarar de quién es la responsabilidad en la concesión de las ayudas. «Hay una participación conjunta de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía con el Ministerio de Industria, pero se limitan a proponer los proyectos en base a unos criterios que aparecen en la orden. Quien selecciona los proyectos subvencionados es una comisión técnica de Industria, no el territorio. Eso se hace con los planes de toda España», explicó.

Además, el portavoz de Fomento aseguró que «no se va a perder el dinero. Se va a notificar a través del BOE a las empresas la obligación de justificar las ayudas. Si no lo hacen, entrarán en un proceso concursal y el Tesoro Público hará las fiscalizaciones oportunas para que el Estado recupere la parte que le corresponde».