De Bernardo cree que la fase penal aportará «datos clave» del desfalco

Tras su comparecencia en la Cámara de Cuentas el jueves en Sevilla, el exalcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, aseguró ayer mediante un comunicado que respeta aunque no comparte el procedimiento seguido por este organismo en el caso del desfalco de la caja municipal.

El exregidor considera que la jurisdicción contable «debería haber esperado a que el proceso penal hubiese finalizado para comenzar a instruir la misma, ya que es la forma habitual de actuar y el juicio penal puede marcar pautas que lleven a la resolución del caso».

Para De Bernardo, el proceso penal deberá aclarar «muchas cosas que son trascendentales para el contable. El camino emprendido no es el adecuado y en su momento presenté una serie de alegaciones a la instrucción contable, tanto en la forma como en el fondo del asunto, entendiendo que no se daban los supuestos que marcan la legislación vigente para mi declaración como responsable ni directo ni subsidiario, que constan en el expediente y ayer me reafirmé en ello», asegura.

El responsable del Consistorio cuando se hizo público el escándalo compareció ayer en Sevilla acompañado por su predecesor en el cargo, Antonio Moreno, así como los funcionarios que tenían cargos de relevancia en torno a la recaudación de la localidad en los años en que se difuminó el dinero de los contribuyentes.

De Bernardo insistió ayer en que ha puesto «todas las facilidades a mi alcance» para esclarecer el robo de la caja municipal, y que ha mostrado «una disposición personal absoluta desde el minuto uno para esclarecer tan triste suceso».

El que fuera alcalde de San Fernando desde 2005 se muestra convencido en que la justicia terminará poniendo las cosas en su sitio. «El camino emprendido es largo y tortuoso, pero estoy seguro que todo llegará a su adecuado fin».

De Bernardo matiza que ayer la Cámara de Cuentas solo dictaminó la responsabilidad solidaria en referencia a los nominados por este organismo como responsables directos. Además, a su juicio, «no se ha fijado cuantía ni requerimiento de garantías a los nominados por la Cámara de Cuentas como responsables subsidiarios», asegura.

El caso del desfalco de la caja municipal del Consistorio isleño sigue pues coleando más de dos años después de destaparse. La desaparición de 7,8 millones de euros no ha dado todavía con un culpable claro.

La instrucción ha imputado solo a los dos funcionarios que se encontraban al frente de la administración en aquellos años, Clemente Ruiz y María José Lebrero. Pero el pasado jueves la Cámara de Cuentas dictaminó también como responsables subsidiarios al actual interventor (y anterior tesorero), José Antonio López Fernández; su antecesor en el cargo, ya jubilado, Rafael Monzón Ristori; y la tesorera, María Virtudes Gómez, así como al propio De Bernardo y Moreno.