Un decreto para recortar el déficit y una decena de leyes cerrarán la legislatura

José Luis Rodríguez Zapatero justificó ayer el anticipo del fin de la legislatura porque considera «cubiertos todos los objetivos» del año, cuyo último gran hito fue la aprobación, la semana pasada, de la reforma de las pensiones. El presidente dijo que aunque en octubre el Parlamento quedará inactivo su Gobierno se compromete a adoptar todas las medidas adicionales necesarias para cumplir con el objetivo de reducción del déficit público al 6% y para mantener la recuperación iniciada por la actividad económica, sus dos grandes prioridades.

El último paquete legislativo que prevé impulsar como jefe de Gobierno es la elaboración de un decreto en agosto para «acelerar» el proceso de reducción del déficit y la aprobación en septiembre en el Congreso, a la carrera, de una decena de leyes ya en trámite, en su mayoría reformas estructurales y mejoras de derechos sociales. El resto de tareas pendientes, como la culminación del proceso de restructuración de las entidades bancarias, lo puede realizar desde el Ejecutivo, sin necesidad de trámites parlamentarios.

El primer acto del fin de la legislatura se producirá el 19 de agosto, cuando un Consejo de Ministros extraordinario apruebe un decreto urgente sobre el que dio pistas muy vagas. Incluirá, dijo, una reforma del Impuesto de Sociedades, para mejorar la recaudación; un reducción de los gastos farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud, posiblemente con el impulso del uso de medicamentos genéricos; y medidas para la mejora del empleo. El anuncio llega el mismo día en que el FMI reclamó a España medidas adicionales de ajuste entre las que sugirió una subida del IVAy otra rebaja de sueldo a los funcionarios.

La ratificación de este real-decreto será la primera tarea del Congreso en septiembre. La cámara sólo podrá tener actividad hasta el día 27 -publicación de la convocatoria electoral- y en el que, según aceleren o no el trabajo sus señorías, podrán celebrar un máximo de tres plenos en otras tantas semanas. El presidente del Gobierno indicó que una de las razones de no haber disuelto antes las cámaras era la necesidad de reanudar el período de sesiones el tiempo preciso para ratificar el decreto de agosto y para aprobar una pequeña porción de las leyes en tramitación, en especial las que ya están en el Senado para su último debate.

Sin Presupuestos

Zapatero pretende que el Congreso aprueba al menos tres reformas de la justicia -la de agilización procesal, la ley Concursal y la de la jurisdicción social- y dos leyes ampliadoras de derechos, como la de protección de víctimas del terrorismo y la de integración de los trabajadores agrarios en el régimen general de la Seguridad Social. A este paquete se podrían añadir otras como la de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la de derechos y deberes de la Policía Nacional, o la de Salud Pública.

Con el cierre del Parlamento quedarán sin aprobar más de una treintena de leyes en trámite, que decaerán. Entre ellas están las de Telecomunicaciones, del Gobierno Local, de Mediación, de Servicios Profesionales, o de Navegación Náutica. Es casi imposible que haya tiempo para salvar dos leyes estrella de Zapatero, la de Igualdad de Trato y la de Muerte Digna. Ni siquiera podrán llegar a la cámara la gran reforma del enjuiciamiento penal y la de Transparencia de la Administración.

El adelanto electoral hace también imposible que este otoño el Gobierno apruebe un proyecto de Presupuestos del Estado para 2012, que precisa de una tramitación que llega hasta las navidades. El Ejecutivo que salga de las urnas se encontrará con las cuentas de 2011 prorrogadas y será su tarea el realizar las modificaciones necesarias para adecuarlas a la política económica y social que elija. Renunciar a elaborar Presupuestos le traerá a Zapatero dos ventajas políticas. No tendrá que presentar un nuevo proyecto de gasto muy restrictivo y evitará el desgaste de realizar importantes concesiones a los nacionalistas para lograr su aprobación. Pese a que al final no estará obligado a negociar con el PNV, el presidente ha prometido a este partido que cumplirá con la parte aún pendiente del pacto por el que se aprobaron las cuentas del año pasado, que supone el traspaso a Euskadi de otras ocho competencias.

Zapatero no citó siquiera entre sus objetivos de aquí a noviembre la renovación de los miembros de cuatro importantes instituciones que están bloqueadas desde hace meses por la imposibilidad de un acuerdo con el PP: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, y la presidencia y el consejo de RTVE.