Cartas

Exito con el déficit

Urge un mayor equilibrio financiero entre Estado, comunidades y ayuntamientos

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La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha coincidido con la publicación del déficit estatal al término del primer semestre del año. El Gobierno ha podido alardear de haber realizado con éxito el ajuste: hasta junio, el déficit estatal fue de 24.132 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que implica una reducción del 18,9% en relación al mismo período de 2010. Esta evolución permitirá con seguridad cumplir a fin de año el objetivo de déficit (el 6% del PIB). Se aleja, pues, el temor a que un crecimiento económico inferior al 1,3% del PIB, que es el previsto por el Ejecutivo, obligase a realizar un nuevo ajuste antes de fin de año. Los ingresos impositivos, que representan el 92% del total, han tenido un buen comportamiento: la recaudación por IRPF ha subido un 6,5% por las menores devoluciones y la eliminación de la ayuda por hijo; los ingresos por IVA, que subió en julio del pasado año, también mejoran, con un incremento del 9,4%; la recaudación por el impuesto de sociedades sigue sin embargo bajando (lo hace un 16%), a consecuencia de la caída de la actividad, y también se reduce la aportación derivada de los impuestos al tabaco y a las gasolinas. Se observa por tanto una caída muy relevante de la inversión, que ha representado la parte del león del ajuste, y ello explica quizá que mientras el Estado ha conseguido reducir el déficit con cierta soltura, las comunidades autónomas, cuyas principales partidas presupuestarias son las destinadas a sostener los grandes servicios públicos, tengan grandes dificultades para realizar recortes. En Cataluña, primera comunidad que ha emprendido la estabilización, ya se ha comprobado la imposibilidad de proceder a un recorte significativo sin afectar a las partidas de sanidad y educación. Por esta razón, si el futuro de este país ha de pasar por más rigor en el gasto y por la preservación en todo caso del estado de bienestar, urge un mayor equilibrio en la financiación de los tres escalones administrativos: estatal, autonómico y municipal.