El PP califica de «broma» que Hacienda rechace la moratoria y ofrezca créditos

Las necesidades de liquidez de todas las comunidades autónomas y la proximidad de las elecciones generales conforman un cóctel de intereses contrapuestos que logró matizar la respuesta del PP a las últimas propuestas del Gobierno en materia de financiación autonómica y que se concretaron el miércoles durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Hay una percepción común entre los once presidentes autonómicos del PP: aplazar diez años la devolución al Estado de los 24.000 millones anticipados a cuenta del IRPF y del IVA de 2008 y 2009 era «mucho mejor solución» que la articulada por la vicepresidenta Elena Salgado de conceder préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para abonar hasta el 50% de este débito. La diferencia radica en la forma de expresar este malestar. Mientras representantes de comunidades con un perfil político menos afilado como Cantabria o Castilla y León anuncian que analizarán los pros y los contras de esta propuesta, otros referentes de la formación de centro-derecha han desenterrado el hacha de guerra.

«Una broma lamentable». Así calificó ayer Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, la sesión del CPFF que, a su juicio, «pudo no haberse celebrado, porque estamos exactamente igual». Un enfado que sobrepasa lo meramente formal. El presidente de la Xunta anunció que su equipo jurídico presentará en breve un recurso de inconstitucionalidad «frente a la interpretación fraudulenta» que, a su entender, el Ejecutivo estatal realiza del acuerdo de financiación. «Cuando tenemos la constancia fehaciente de que el Gobierno no atiende a razones, nosotros tenemos que pedir el auxilio a las razones de interés general de Galicia ante los tribunales», remachó.

El análisis de Feijóo incluyó un guiño electoral de cara a las generales. Aseguró que si Mariano Rajoy llega a la Moncloa se ejecutará la moratoria de diez años. Otros dirigentes populares, como el portavoz parlamentario del PP catalán, Enric Millo, realizaron una lectura más sosegada, tal vez porque al estar en la oposición no tiene las presiones del mando. Situó en el terreno de la contradicción la decisión del Gobierno de autorizar más deuda a las comunidades autónomas, aunque sea a través del ICO, en vez de permitir la moratoria

Responsabilidad

Los populares insisten en que su solución no suponía un problema para el Estado y, además, aligeraba la capacidad de las comunidades autónomas para retornar su deuda.

La dirección nacional del PP, como antes del cónclave de consejeros de Economía y Hacienda, descarga de responsabilidad a los ejecutivos autonómicos y centra sus reproches en José Luis Rodríguez Zapatero. No discuten la obligación de las comunidades de devolver al Gobierno estos 24.000 millones en anticipos. «Y están obligadas a hacerlo, porque el Gobierno en su día les dio más dinero que el que les correspondía, porque el Gobierno se equivocó al hacer el diagnóstico de la economía española, pensó que íbamos a recaudar mucho mas por ingresos públicos, pero al final el crecimiento económico fue negativo», glosó el propio Mariano Rajoy durante una conferencia que ofreció el martes.

Mientras el principal partido de la oposición multiplica sus reacciones, desde el Gobierno se reclama «corresponsabilidad» en las relaciones entre administraciones, tal y como hizo el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. Apostilló que solo desde esta «corresponsabilidad es posible construir el estado autonómico que tiene España». Las sensaciones del ministro sobre el CPFF, a diferencia del PP, fueron positivas, ya que, a su entender, se lograron «aproximaciones muy buenas».