El Gobierno desoye al PP y aboca a las comunidades a plantear más recortes

El Gobierno cerró ayer el grifo a las comunidades al rechazar la petición de las once autonomías gobernadas por el PP y de Asturias (en manos del partido de Francisco Álvarez Cascos) de pactar una moratoria de diez años en la devolución del anticipo que el Estado entregó a los ejecutivos regionales a cuenta de los ingresos de IRPF e IVA de los ejercicios de 2008 y 2009. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tal y como adelantó por la mañana en el Congreso el propio José Luis Rodríguez Zapatero, dijo «no» a las pretensiones de los populares, aunque arbitró fórmulas para menguar la intensidad del golpe. Un revés que, en cualquier caso, aboca a estos gobiernos regionales a plantear nuevos planes de ajuste si quieren cumplir con el objetivo de déficit (un máximo del 1,3%) y cumplir con sus respectivos compromisos presupuestarios. Y eso, siguiendo el ejemplo de Cataluña, solo se logra metiendo la tijera en el grueso del gasto, es decir, en las prestaciones sociales.

Una encrucijada que el PP quería evitar por todos los medios hasta después de las elecciones generales. Los presidentes de las once comunidades gobernadas por el PP ya transmitieron el martes a Mariano Rajoy la precaria situación de las arcas autonómicas y la imperiosa necesidad de lograr una moratoria de al menos diez años de la parte que les correspondería devolver de los 18.736 millones de euros que el Estado entregó de más a los gobiernos autonómicos en 2008 y 2009.

El líder del PP intentó escorar hacia este terreno el debate que mantuvo con José Luis Rodríguez Zapatero en la Cámara Baja sobre el rescate de Grecia por parte de la Unión Europea. «No le pido lo de Grecia, le pido que autorice que se aplace el pago de lo que por su culpa tienen que devolver las comunidades autónomas al Estado, porque además esto no afecta al déficit público». Una dilación que, a su juicio, sería «muy útil» para resolver los problemas de liquidez que tienen las administraciones periféricas.

Zapatero, con el gesto serio, apeló a la «lealtad» y a la «responsabilidad» institucional y recordó que los compromisos están para cumplirlos (en alusión a mantener el déficit autonómico por debajo del 1,3%), aunque las circunstancias sean adversas. A Rajoy le preguntó: «¿Qué proyecto de país tiene cuando me pide que incumpla la ley?».

Techo de gasto

El Gobierno recibió un inesperado espaldarazo del Tribunal Constitucional en su tira y afloja con los dirigentes autonómicos al sentenciar que el Estado puede imponer «límites presupuestarios» en materias concretas a las comunidades autónomas, sin que ello suponga un menoscabo de la autonomía financiera de los gobiernos regionales consagrada en la Constitución. Una aportación que se incluye en el auto en el que desestima un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento catalán en 2001 contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria al considerar que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat. En realidad, esta tardía decisión judicial a quien otorga la razón es al Ejecutivo de José María Aznar, que fue quien impulsó la citada norma. De hecho, Rajoy lleva tres años reprochando a Zapatero que anulase el techo de gasto para todas las administraciones.

Una vez que los máximos dirigentes del Gobierno y del PP habían fijado posición en sede parlamentaria, el debate en el seno del CPFF perdía relevancia. Pese a la nueva mayoría de los consejeros del PP (once de 17), las tesis de la vicepresidenta Elena Salgado salieron adelante gracias al apoyo de los representantes del Ejecutivo (que ostentan el 50% del total de votos) más los de las comunidades autónomas de Andalucía (que ofreció un «sí crítico») y de Canarias (donde Coalición Canaria comparte tareas de gobierno con los socialistas).