Eventos, industrias y urbanismo deberán velar por la salud pública

La salud es lo primero, reza el dicho popular. Esta es la filosofía con la que la Junta ha elaborado la Ley de Salud Pública, aprobada ayer en Consejo de Gobierno. Las iniciativas de todo tipo, obras en infraestructuras y viviendas, industrias y planeamientos urbanísticos, sean todos ellos públicos o privados, deberán contar con un informe de evaluación de impacto en la salud de la comunidad. Esta es una de las novedades de una ley que para que entre en vigor esta legislatura deberá tramitarse por la vía de urgencia en el Parlamento, según reconoció ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero.

La ley ve la luz dos años después de que se anunciara su anteproyecto. Un tiempo en el que la administración autonómica ha tomado nota de las aportaciones de 86 instituciones y ha tenido en cuenta las observaciones hechas por más de nueve mil usuarios de Internet en el blog activado por la Consejería de Salud para lo mismo.

Montero dijo que la norma andaluza incluye de forma pionera «el principio de equidad generacional», concepto que la consejera explicó: Se trata de la obligación colectiva de velar porque «las decisiones que se tomen hoy no perjudiquen a las generaciones posteriores».

La ley nace con la ambición de transformar el entorno y con el objetivo de implicar a todos. Va más allá de la perspectiva instrumental y asistencial para garantizar nuevos derechos, pero también incluye obligaciones de la población.

Riesgos de enfermedades

Entre los derechos, la consejera destacó el relativo al conocimiento. La Administración tiene obligación de poner a disposición de los ciudadanos toda la información que le afecta, incluido el acceso a los resultados de las investigaciones de la autoridad sanitaria, a los riesgos de enfermedades o a las características de los productos alimentarios.

La ley concede el derecho tanto a recibir prestaciones preventivas como a rechazarlas, siempre que esta decisión no afecte a terceras personas. En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes, la prohibición de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en las zonas industriales.

Respecto a los deberes ciudadanos, la ley obliga a no hacer un mal uso de la información recibida, a poner en práctica medidas de prevención y protección, y a no causar voluntariamente un peligro para la salud de terceros. Las sanciones por el incumplimiento de estas medidas van desde los 600 a los 600.000 euros. Entre las infracciones graves se señalan: Puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones precintadas; la venta de alimentos y bebidas con sustancias tóxicas o el uso de aditivos no autorizados; la resistencia y amenaza a la autoridad sanitaria; y el desvío para consumo humano de productos destinados a otros usos.