
La trama que nació en A Proba
El Ministerio no encuentra a los gestores de Cádiz Solar, Aquandalucía o Soluciones Tecnológicas Ambientales, aunque todo apunta a un municipio gallegoTres administradores de las firmas a las que Industria reclama 14,5 millones provienen de La Coruña
CÁDIZ. Actualizado: GuardarDesde que se supo que el Ministerio de Industria había pedido la devolución de 14,5 millones de euros correspondientes a las ayudas públicas recibidas por Cádiz Solar Center, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales, los administradores de las firmas no dan la cara. Se les ha buscado por tierra, mar y aire pero nadie da una respuesta.
El asombro va en aumento cuando se comprueba que tres de los cinco administradores de estas empresas están vinculados al municipio coruñés de A Proba do Caramiñal. En este pueblecito de unos 10.000 habitantes no fue difícil encontrar ayer a alguien relacionado con el Consistorio que contara la historia de Manuel Alejandro Dávila Ouviña, quien fue administrador único de Aquandalucía y de Soluciones Tecnológicas Ambientales. Además, en la misma localidad aparece el nombre del primer administrador de Cádiz Solar Center, Juan de Arespacochaga, como gerente de Gestsolar, una firma con sede en la calle Carlos Montenegro, 23, 1ºDerecha, dedicada supuestamente a gestionar proyectos medioambientales. Según se puede leer en el perfil de la red LinkedIn, en internet, este empresario es licenciado por la 'University of Dundee', una entidad escocesa que existe (aunque no se puede comprobar si fue titulado allí), y que tiene interés en hacer negocios con Sudán. También aparece que es director gerente de Gestsolar desde febrero de 2010 hasta la actualidad. Cabe puntualizar aquí que las ayudas que le reclama Industria fueron concedidas y publicadas en el BOE del 20 de noviembre de 2010. El currículo de Arespacochaga es, cuando menos, breve, curioso y llamativo. Lo suficiente como para que alguien lo hubiese comprobado antes de poner en sus manos uno de los proyectos de la reindustrialización de la Bahía de Cádiz.
De Manuel Alejandro Dávila se comenta en A Proba que les extrañaba que un hijo de marinero jubilado tuviese dinero para poner en marcha proyectos «tan alocados y ambiciosos». En su pequeño pueblo natal se le conoce a la perfección: tiene unos cuarenta años, dos hijos pequeños y está casado con otra probense cuyo padre se dedicó a cultivar mejillones. Según el testimonio de los vecinos, su mujer trabaja en las oficinas de la firma Muebles de Cocina Mobalco. También contaron que este emprendedor tocó en la puerta del Ayuntamiento de A Proba porque quería montar una empresa «para investigar las algas marinas con pequeños submarinos», apuntaron fuentes cercanas al consistorio. Pero el alcalde, Isaac Macías, no mordió el anzuelo. «Lo último que le echó para atrás fue que quiso construir una nave en una zona rústica y eso acabó con cualquier posibilidad», comentaron desde su pueblo. Al final, Dávila Ouviña montó la firma bajo el nombre Ecofloat en la localidad de Villa García y «contrató a dos personas en lugar de 20, como decía», según apuntaron estas fuentes. Aunque también es cierto que aparece una empresa llamada Ecofloat Galicia S.L., ubicada en el polígono da Tomada, parcela 57, en A Proba.
Aunque las direcciones fiscales de las empresas en las que participan los administradores citados son siempre datos que hay que comprobar, ya que en las que tenía Industria para ponerse en contacto con algunas de las firmas señaladas, el número 65 del Paseo Pradillo de Zahara de los Atunes, se encuentra un restaurante que nada tiene que ver con los negocios investigados.
El tercero en aparecer es Agustín Boo de Vega, como el último administrador que consta en Aquandalucía y en Soluciones Tecnológicas Ambientales. Este apellido procede de esta zona de la costa y en El Correo Gallego aseguraron que fue declarado insolvente por el juzgado número 2 de Zamora, en septiembre de 2010.
Sin avales
Uno de los agujeros por los que se pudo colar esta trama empresarial es el de la eliminación de los avales para las firmas que quisieran formar parte del plan de Reindustrialización de la Bahía de Cádiz, que se produjo debido a las críticas sociales y políticas respecto a los avales solo daban posibilidad a las grandes firmas, las más importantes del país, sin que hubiese cabida para nuevos emprendedores.