Numerosas obras paralizadas por la crisis generan riesgos para los vecinos

Vivir en calle Ciprés 3, finca urbana del barrio de Santiago en la esquina de Juan de Torres, es hacerlo bajo el brazo de una grúa a la que le fue desmantelado el cableado de cobre que la tenía en funcionamiento hasta hace tres años. Ése es el tiempo que lleva parada la obra de enfrente. La pluma (brazo largo) sobrevuela el caserío de la zona hasta Jardinillo. La contrapluma mantiene suspendido sobre la azotea de este pequeño edificio de viviendas un contrapeso de dos o tres toneladas. Un nido de cigüeñas sobre este bloque de hormigón y las defecaciones de estas aves sobre el pavimento de la terraza podrían servir para datar la antigüedad de la paralización de los trabajos por la crisis, como muchas otras obras en toda la ciudad.

Bajar a la calle y acercarse empeora la sensación de inseguridad que genera. Los sótanos están completamente inundados. Y lo peor es la facilidad de acceso que tienen toda vez que la leve valla, realizada de varillas de ferralla, está abierta y lleva tiempo permitiendo la entrada a drogadictos en busca de un lugar tranquilo para consumir. Toda una paradoja, porque, pese a la intimidad que les pueda aportar, no es sino intranquilidad lo que provoca el estado del lugar. «Nuestro miedo es que la grúa se caiga, y aquí hay muchos niños», lamenta Lola Casas, una de las vecinas de la calle Ciprés, que señala la aparatosa mole que, desde unos diez metros de altura, se cierne sobre su cabeza como verdadera espada de Damocles.

«Un vecino comenzó a recoger firmas para llevar al Ayuntamiento pero esto sigue igual», apunta entrando en otro tipo de explicaciones: «Le echan la culpa al banco, la promotora quebró», añade aludiendo con sencillez a una archiconocida situación, la del efecto de una crisis que tuvo en la construcción su primera víctima. Junto al Edificio Torres, que así había de denominarse el centro del temor de los vecinos, comienza un recorrido que podría trazar numerosas rutas distintas por todo el casco urbano. Antonio Conde, líder de IPJ, actúa como lazarillo por los barrios de Santiago, San Mateo, Torresoto, San Miguel o proximidades del Carmen. La información que ha ido reuniendo en cada caso es lo suficientemente elocuente.

Dos situaciones distintas

«Hay una diferencia entre las obras que han comenzado y se han quedado a mitad de la construcción y las de aquellas promotoras que han comprado viviendas antiguas, las han derrumbado y han dejado los solares abiertos», explica Conde quien al aterrizar en las consecuencias menciona pastizales con riesgo de incendios, la presencia de basura y de ratas, robo de material o grúas desmanteladas de su capacidad operativa pero no desmontadas. «Cuando se reanuden las obras tendrán que sustituirlas», dice dejando la pregunta de porqué no se eliminan ya para evitar el peligro que temen los vecinos.

Juan Andrades, viandante habitual por Torresoto y Cuatro Caminos, se queja de la existencia de «una arqueta que se comprende que va hasta la zúa, que antiguamente pasaba por delante de la ermita de Guía y por detrás del surtidor de gasolina saliendo a la Hijuela de las Coles; tiene abierto un metro cuadrado y una profundidad grande con tubos de por medio que son un peligro». Otros habitantes de la zona se suman con sus quejas dando contenido a la descripción de una situación que les preocupa.

No solo la construcción de viviendas se ve sometida a estas situaciones. De hecho, uno de los casos más aparatosos de efectos del abandono de una obra que ha sufrido Jerez recientemente es el de la construcción del que iba a ser futuro palacio de congresos en la Circunvalación, junto al hospital. Pero las causas son las mismas a la postre: paralización de la obra, aparente estado de abandono que invita al robo de los puntales y al uso como chutadero y derrumbe de parte de la estructura construida.

Responsabilidad municipal

La norma que regula la seguridad de las obras es la Ley de Ordenación de la Edificación y la responsabilidad en el propio centro de trabajo recae, por este orden, en la dirección facultativa, en el promotor de la obra y en el contratista. ¿Qué pasa, sin embargo, en el caso de obras paralizadas y, por tanto, en ausencia de la actividad que hace presentes a todos esos responsables señalados? Llegados a ese punto, los ayuntamientos han de actuar cuando las condiciones de la licencia se incumplen o no se dan las condiciones de seguridad necesarias en la vía pública.

En cualquier caso, exigen los vecinos que sean eliminadas esas vallas tan ligeras como vulnerables para quienes quieran acceder a robar material o usar el lugar como lugar de consumo de drogas. Obstaculizar los accesos con muros de mampostería eliminaría buena parte de los riesgos que las circunstancias provocan, según señalan. Otros problemas, los que por ejemplo dependen de las grúas que amueblan muchos puntos del casco urbano, seguirían pendientes.