El Gobierno afronta la gran reforma del sistema penal sin tiempo para aprobarla

El Gobierno dio ayer luz verde a la más ambiciosa reforma del sistema penal español de los últimos 129 años, pero ese pistoletazo de salida llega tarde, al menos para esta legislatura. La reforma «estructural y profunda» de la decimonónica Ley de EnjuiciamientoCriminal (LECrim), que lleva emparejada la modificación de la Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal, casi con toda probabilidad no podrá ser aprobada en el Congreso, aunque el Gobierno decida agotar la legislatura, según coincidieron en señalar expertos, políticos y juristas.

El Consejo de Ministros dio su visto bueno al vasto anteproyecto para situar en el siglo XXI la legislación procesal penal española, tal y como llevan décadas reclamando las instituciones judiciales internacionales. Un texto de 789 artículos, que da la vuelta como un calcetín a la vigente LECrim, y que ahora deberá ser remitido a los órganos consultivos del Estado para que emitan el informe preceptivo. Ni el Consejo de Estado ni la Fiscalía ni el Poder Judicial tienen intención de estudiar esta importante reforma antes de las vacaciones, por lo que, en ningún caso, habrá alegaciones antes de septiembre. Sólo entonces, tras incorporar las consideraciones de estos órganos, el Gobierno podrá remitir la reforma, en forma de proyecto, al Congreso de los Diputados.

Aunque las líneas generales de la reforma están pactadas con el Partido Popular, nadie en el cámara baja asegura que la Comisión de Justicia sea capaz de cerrar un acuerdo para aprobar la reforma con tiempo suficiente para que sea ratificada en el Senado antes de que el Parlamento se disuelva a finales de año. Y eso siempre que no haya elecciones anticipadas.

No obstante, según fuentes gubernamentales, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros no caerá en saco roto, pues hay un acuerdo tácito entre los dos grandes partidos para que este texto, en su casi completa totalidad, sea presentado por el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales para su aprobación.

A pesar de todo, el ministro del ramo, Francisco Caamaño, no quiso tirar la toalla. Al menos, públicamente. «Desde luego lo vamos a intentar». «Estoy seguro que los grupos van a hacer lo posible porque se convierta lo antes posible en una realidad», señaló. «Cuando nos hemos empeñado lo hemos logrado en tiempos muy cortos y con gran consenso», explicó Caamaño, quien dijo confiar en el gran nivel de «especialización» y en la «alta capacidad de acuerdo» de los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso para que se obre el milagro.

El propio Francisco Caamaño, desde la mesa del Consejo de Ministros, fue el encargado de glosar las bondades de un proyecto que, por fin, termina con las «inseguridades jurídicas» de una ley que data de 1882 y que a lo largo de tres siglos diferentes ha sido «parcheada» con una treintena de reformas parciales.

Según el titular de Justicia, es una ley que cambia «radicalmente» la actual normativa y que «homologa» a España con el resto de los países europeos. Sobre todo será una reforma que agilizará el trabajo de la administración de Justicia. El 70% de los asuntos que llegan a los tribunales se refieren a cuestiones penales y la gran mayoría de los mismos no llegan a juicio aunque sí que provocan una importante carga para funcionarios y jueces.

Caamaño destacó algunos de los aspectos más importantes de esta reforma. En particular, trató de desarmar las críticas que apuntan a que la nueva ley dejará en un papel secundario a los jueces, ya que reserva a los fiscales la instrucción de los delitos y las faltas. El ministro hizo una interpretación totalmente diferente: el juez, por partida triple, tomará un papel central en el proceso, sobre todo como garante de los derechos de los ciudadanos.

Triple «control»

Explicó que, aunque sea el fiscal quien investigue, todo el proceso estará bajo el «control» de un juez (denominado de garantías), que será quien también acordará las medidas cautelares. Un segundo juez (el de la audiencia preliminar) será el que resuelva los recursos y decida si debe haber juicio. Un tercer juez o tribunal dictará sentencia.

Igualmente, hizo hincapié en el interés de la reforma por acabar con la denominada 'pena de telediario', ya que se pretende que no se hagan públicas las identidades de las personas detenidas hasta que no concluya la fase de investigación, aunque se trate de delitos de interés público como pueden ser los terrorismo, corrupción o crimen organizado. La reforma, según el ministro, también introduce mejoras en las garantías de los acusados, sobre todo en la regulación de las intervenciones de comunicaciones o la obligatoriedad de que cualquier condena sea revisada en segunda instancia, una crítica recurrente del Tribunal de Estrasburgo.