Padres desesperados buscan solución en la Justicia para sus hijos conflictivos

Ildefonso Troya también estaba desesperado. La ilusión con la que había adoptado a su hijo se convirtió en profunda preocupación años después cuando su pequeño se transformó en un adulto incontrolable. El día antes de perder la vida había acudido a los juzgados de Chiclana y se entrevistó con un fiscal. Su hijo presenta problemas de salud mental y no sabía cómo obligarlo a seguir un tratamiento. Sin respuestas se marchó a su casa, se acostó y al día siguiente cuando se disponía a trasladar a su hijo a un centro especializado en Málaga, éste le asestó hasta tres puñaladas en el cuello el pasado mes de enero en el domicilio familiar, en Chiclana. Es un caso extremo, pero sirve de ejemplo del drama que viven muchas familias gaditanas. Unas historias que llegan cada vez con más frecuencia a la Fiscalía. Padres que ya no saben qué hacer con sus hijos y acuden a la Justicia en busca de una solución ante un comportamiento violento, díscolo y que raya el delito en ocasiones.

La Fiscalía de Menores de Cádiz ha constatado un año más, y ya van cinco denunciado este fenómeno, cómo esas entrevistas con familias desesperadas son cada vez más frecuentes. En muchas ocasiones, los adolescentes no han cometido delito alguno pero su conducta rebelde e irrespetuosa puede ser un primer síntoma. El contexto que les rodea tampoco suele ayudarles porque habitualmente los fiscales se encuentran ante familias desestructuradas e incapaces de reconducir a sus hijos. En otras ocasiones no hay nada anormal en el entorno del menor, salvo que carecen de límites y normas y viven bajo un paraguas muy permisivo. Sean unas circunstancias u otras, la convivencia se ha vuelto tan difícil que los padres están dispuestos a delegar la guarda a la administración por miedo a que estalle un conflicto irreversible.

Esta estampa que se repite una y otra vez en las distintas secciones de la Fiscalía de Menores forma parte del retrato más actualizado de la delincuencia juvenil que se registra en estos momentos en la provincia. Un fenómeno que no crece en términos generales pero que sí es más violento. El año pasado se iniciaron menos diligencias preliminares (1.102 frente a las 1.407 de 2009). También descendieron los expedientes de reforma (procedimientos penales) y de los 1.753 que tramitó el Ministerio Público, 171 se resolvieron por la vía extrajudicial. Este descenso estadístico obedece a la caída en el delito estrella de los últimos años: conducir sin licencia de ciclomotor. Esta conducta experimentó un espectacular repunte cuando pasó de ser una mera infracción administrativa a tener consideración de delito.

En cambio, aumentan los casos de violencia de género y de ámbito doméstico y se mantiene el importante porcentaje que representan los delitos y faltas de lesiones (las agresiones) que suponen una tercera parte del total de expedientes tramitados (723). Dentro de este epígrafe se incluyen las peleas en los centros escolares y en las inmediaciones cuyas víctimas son compañeros de los agresores o profesores. Unas conductas que están dejando de ser aisladas.

Síndrome del emperador

La experiencia ha ido configurando un perfil aproximado de estos jóvenes violentos, capaces de golpear a su progenitor, evidenciando una falta de respeto absoluta a una autoridad o superior. Los especialistas en psicología y psiquiatría juvenil han llegado a acuñar un nombre para este trastorno severo de la conducta: el Síndrome del emperador. Adolescentes que crecen en un entorno permisivo, sin apenas restricciones y en el que los progenitores no son conscientes de la importancia de imponer normas y que éstas se cumplan. Por eso, muchos de esos casos que llegan a la Fiscalía, según reza en su informe anual, no corresponden a jóvenes criados en ambientes marginales ni cercanos a la delincuencia. Al igual que los adultos, los malos tratos se dan en cualquier clase social. Y la horquilla de edad media del infractor es amplia, de 16 a 18 años.

La situación es diferente cuando el origen del conflicto, como en el caso narrado anteriormente, es una enfermedad mental del adolescente infractor. En estos casos, los padres se enfrentan al serio problema de carecer de recursos específicos para obligar a estos enfermos a seguir el tratamiento médico que mantiene a raya su dolencia cuando cumplen la mayoría de edad.

Otra fuente de conflictos habituales está en los centros de protección de menores no han dejado de estar envueltos siempre en un velo de sospecha sobre el trato que reciben los jóvenes que acaban recalando en ellos; adolescentes que bien proceden de ámbitos desestructurados, familias rotas, en situación de desamparo o con problemas de conducta. En varias ocasiones se han formulado denuncias sobre supuestos abusos de los educadores. La última hecha pública en este sentido fue firmada hace dos años por Amnistía Internacional que centró su interés en 21 centros terapéuticos andaluces y en el que citaba expresamente a uno de Benalup, gestionado por la entidad Márgenes y Vínculos.

Desde la Fiscalía de Cádiz se desmintió que en los centros gaditanos se hubieran detectado irregularidades graves. Los fiscales giran visitas sorpresa y lo que sí han constatado es que existe un alto nivel de conflictividad, que se traducen en denuncias por agresiones entre menores pero también en las que las víctimas son los propios educadores. En muchas ocasiones, los protagonistas de esas peleas son menores inmigrantes marroquíes. Estos adolescentes recalan en estas instituciones mayormente porque han entrado en el país de forma irregular y no vienen acompañados. Automáticamente pasan a estar protegidos por el estado español hasta que se regulariza su situación y alcanzan la mayoría de edad.

La convivencia entre jóvenes nacionales y estos precoces inmigrantes resulta a veces muy complicada y son los extranjeros los que propician muchas de las denuncias. Lo más difícil de atajar para los educadores es hacer ver a esos chicos que su comportamiento violento no es el adecuado ya que se enfrentan a chicos que entienden las agresiones físicas y verbales como una forma natural de desarrollarse en la sociedad, según ha podido atestiguar la Fiscalía.