Loaiza quiere obligar a fichar a los altos funcionarios para controlar su horario

El Partido Popular quiere acabar con las leyendas negras que sobrevuelan a los trabajadores de la Diputación. Con más o menos base, el conjunto de funcionarios y personal laboral de la institución ha tenido que cargar con la mala fama que algunos se han labrado a base de ganarse el sueldo, como decía la chirigota, «con el sudor del de enfrente».

Y para que esta situación deje de darse, José Loaiza ha encargado un estudio de los estatutos del personal para detectar aspectos de mejora que acaben con privilegios que considera injustos.

El cese de los directores de área ha abierto un frente polémico. Estos funcionarios están dentro del grupo de los altos cargos de la institución que tienen un estatuto propio, el de 'Personal con Funciones Directivas de Especial Responsabilidad'. La normativa fue aprobada por el pleno de la Diputación el 24 de noviembre de 2006. Este personal directivo está fuera del convenio colectivo del resto de la plantilla, y dispone de una serie de privilegios como la libre disponibilidad horaria, con lo que sus jornadas laborales son flexibles.

Otro aspecto a tener en cuenta es el económico. Debido a su cargo de responsabilidad, su sueldo mensual puede superar los 3.500 euros netos al mes. Cuentan con la ventaja de que tras dos años en el mismo puesto todos ellos han consolidado su categoría profesional, por lo que mantienen un complemento de destino, perdiendo solo parte del complemento específico, cuya cuantía ronda los 500 euros mensuales.

La intención del equipo popular sería la de eliminar ciertos privilegios como estos y elaborar un nuevo estatuto que elimine la obligación de mantener a los antiguos directores de área como cargos adjuntos a la nueva dirección, pudiendo pasar a ocupar otros puestos intermedios como el de jefe de servicio.

Jefes de servicio

Precisamente las personas que tienen esta categoría profesional serán las siguientes en temer por su puesto. La situación actual hace que la Diputación cuente con más de una veintena de jefes de servicio con un puesto definido y ganado en concurso público, con lo que no tendrían nada por lo que preocuparse. No obstante, hay otra serie de empleados con la misma categoría profesional pero sin una labor bien definida, y esta es otra situación con la que quiere acabar José Loaiza.

«Aquí todos estamos en el mismo barco y nos toca remar juntos». De esta forma tan diplomática y de buen rollo se han presentado algunos diputados del PP estos días a los jefes de servicio que ocupan los puestos intermedios en la Diputación. El nuevo Gobierno trata de cerrar cuanto antes la estructura de la institución tras la destitución el pasado martes de los 16 directores de áreas y de los adjuntos. Hay que recordar que el presidente de la Diputación presentó a principios de semana la reorganización de la administración, que tiene como plato fuerte la unificación de las 10 áreas con las que trabajaba el PSOE en las 6 con las que pretende el PP agilizar y reducir costes.

Pleno de constitución

El primer pleno de la nueva corporación provincial se ha fijado para el próximo jueves y en el orden del día se incluirá el decreto de ceses y nombramientos. Así, una de las primeras actuaciones que llevará a cabo el Ejecutivo de la Diputación será la designación de los seis coordinadores de áreas sobre las que pivotará la nueva gestión del Gobierno. Este periódico ha podido saber que las plazas saldrán a concurso entre los jefes de servicio y el Ejecutivo se reserva su designación.

El desembarco del PP en el antiguo Palacio de la Aduana se está haciendo siguiendo una calculada hoja de ruta y, de momento, sin grandes enfrentamientos con el personal. Loaiza ha presentado primero a su equipo y las áreas de gestión, a continuación metió la tijera en los cargos de libre designación que habían estado al frente de las áreas durante la etapa socialista. Loaiza trabaja ahora en la reducción de las diez empresas públicas que dependen de la Diputación y en el ajuste de los cargos intermedios de la institución. Esta administración mueve un presupuesto de 258 millones de euros, de los que cien se van a pagar a los 1.600 funcionarios con los que cuenta.