Una dimisión inexorable

Camps ha entendido que su problema no tenía solución. El auto que decretaba la apertura de juicio oral era tan contundente que su defensa ni siquiera se atrevió a negar los hechos sino que, en una maniobra desesperada, alegó que las dádivas le fueron hechas en calidad de dirigente del PP y no de miembro del Ejecutivo valenciano. A instancias de Génova, que había enviado a Trillo a Valencia, los imputados del PP valenciano en el asunto de los trajes -el propio Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos, el ex secretario general Ricardo Costa y el político Rafael Betoret- habían optado por pactar con la fiscalía y con el tribunal mediante la llamada sentencia de conformidad, una estrategia que consiste en reconocer el delito y abonar la multa que solicita el fiscal.

Este procedimiento, que para algunos juristas rozaría el fraude de ley, evita la vista oral pero no libera en absoluto de la responsabilidad penal. Dado que el cohecho impropio -que es una forma evidente de corrupción- no implica inhabilitación, los condenados hubieran podido continuar en sus cargos políticos, aunque por simple sentido de la responsabilidad, tuviesen la obligación de dimitir. No estábamos ante un dilema que pudiese relativizarse: no era de recibo que quien ha reconocido que se ha corrompido, que ha aceptado sobornos, y ha sido condenado por ello por un tribunal, siguiese en la política activa o gestionando recursos públicos como si nada hubiera ocurrido. Y el art. 9.1.g del régimen disciplinario del PP establece que el afiliado perderá su condición "por mediar sentencia firme condenatoria, recaída en procedimiento penal, por la comisión de cualquier delito doloso".

Era inútil tratar de restar importancia a lo sucedido. La trama "Gürtel", que ha desviado muchas docenas de millones de euros hacia bolsillos particulares, ha sido una penosa realidad que hay que extirpar. El asunto de los trajes no es más que uno de los flecos más llamativos de la maniobra de seducción que los facinerosos llevaron a cabo para ganar la voluntad de los políticos. La solución no podía pasar más que por la retirada de quienes han sido sus instrumentos. Lamentablemente, todo indica que Camps ha dimitido por iniciativa propia y no porque Rajoy le haya instado con energía a ello. Absurdamente, se ha ido proclamando su inocencia, como si todos fuéramos estúpidos. En Génova han sido menos estrictos que en Valencia. No puede decirse que el principal partido de la oposición ni su líder hayan salido airosos de este penoso escándalo.