El Gobierno cree que dejar que Bildu haga política acelera el final de ETA

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, defendió ayer en el Congreso que posiblemente la mejor fórmula para acabar con ETA «para siempre» es dejar que Bildu, la opción legal en torno a la que se ha agrupado la mayor parte de la izquierda 'abertzale', pueda hacer política, siempre que la haga profundizando en un discurso de distanciamiento y renuncia de la violencia terrorista. Eso sí, aclaró que para esta política «inteligente» sea efectiva, como hasta ahora, hay que combinarla con el mantenimiento de la «unidad» contra la banda -«para terminar juntos lo que hemos hecho juntos»- y con la continuidad de la «firmeza» en la lucha antiterrorista, para que «la democracia no sea burlada» por los que ahora dicen que rechazan los atentados.

Jáuregui se permitió lo que denominó como «una reflexión personal», procedente de quien lleva «30 años sufriendo ese horror», como respuesta a una interpelación parlamentaria de Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, que exigió al Ejecutivo una actuación contundente contra Bildu, tendente conseguir su aislamiento político y a lograr su ilegalización por los tribunales y la expulsión de las instituciones vascas y navarras de los centenares de cargos públicos que consiguió en los comicios del 22 de mayo. Salvador animó al Gobierno a mover ficha de inmediato y a pactar una estrategia contra los que considera los «amigos de ETA», porque no le quedan dudas de que «Bildu y Batasuna son lo mismo» y que allí donde gobiernan imponen «un estado de excepción predemocrático».

El ministro contestó que piensa que «nunca hemos estado más cerca del final de la violencia» y que, posiblemente, tras dos años sin atentados y muchos meses sin 'kale borroka' ni extorsión a los empresarios, se puede estar «ante una oportunidad única y quizás última» de lograr la desaparición de la banda criminal «sin negociación ni precio político» gracias a que «hemos hecho bien las cosas». Desde ese punto de vista, recomendó inteligencia para «favorecer unos movimientos que probablemente representan que ese mundo dice que no quiere a ETA, porque, aunque lo diga de una manera que no nos guste, está diciendo eso». Pidió no caer en la tentación de la política «de corto plazo y vuelo bajo» y apostó por admitir que «quizá no hay otro final posible, otra manera de acabar con 50 años de violencia terrorista».

Escenografía

El ministro llamó a no dejarse despistar por la escenografía de Bildu, o a condenar de antemano al fracaso su intento de actuación política sólo por la propensión de algunos de sus cargos públicos a repetir 'tics' radicales o recuperar rémoras heredadas de Batasuna, y a mirar más lejos. «Ahora puede ser que hagan y sobre todo que digan cosas que no nos gustan, pero la historia está llena de derrotas no reconocidas, que se envuelven en la retórica del triunfalismo, pero son derrotas», comentó.

Jáuregui aseguró que el Gobierno defiende esta actuación «inteligente», pero que no tiene confianza alguna en la sinceridad de Bildu ni en sus líderes. Por ese motivo, aseguró que tanto las fuerzas de seguridad como la Abogacía del Estado y la Fiscalía someten y someterán a la coalición y a todos sus cargos públicos en las instituciones vascas y navarras a una vigilancia «minuciosa, rigurosa y puntual», dispuestos a actual «con toda contundencia» si detectan cualquier violación de la ley, connivencia con ETA o ausencia de condena de posibles atentados.

El ministro recordó que la ley electoral permite acudir a los tribunales para ilegalizar partidos si se vinculan o se dejan instrumentalizar por la banda terrorista y que con esa sentencia se puede echar a sus cargos electos. Sin embargo, aclaró que con los informes policiales y jurídicos que hay en este momento «no es posible aplicar todavía» esas previsiones legales. Lo que sí subrayó es que el marcaje y las advertencias gubernamentales ya han permitido corregir excesos de ayuntamientos de Bildu como la retirada de cuadros del rey en el salón de plenos, de banderas españolas o la colocación de fotografías o carteles a favor de presos.