Urbanismo realizó en 2005 una auditoría interna que no aplicó

Según dio a conocer ayer el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, la Gerencia chiclanera se sometió a una auditoría de gestión en el año 2005 que no llegó a ejecutarse por parte del anterior equipo de gobierno socialista.

Este informe interno, que tuvo un coste de 30.000 euros, podría aplicarse ahora «si es viable», según el edil del PP.

Dicha auditoría de gestión ha sido retomada casi siete años después por el nuevo gobierno municipal. Su intención es analizar con detalle las conclusiones, y comprobar si algunas de ellas son aplicables a la actualidad.

El concejal delegado del ramo considera que se esta forma la administración local puede seguir la senda del «máximo ahorro», y critica de igual forma «la actitud del anterior equipo de gobierno, ignorando una auditoría de gestión de 30.000 euros, que pone en evidencia el poco interés del PSOE en organizar la Gerencia Municipal de Urbanismo, que estaba inmersa en un desorden que ha sumido a la ciudad en un caos urbanístico durante 30 años», matiza.

Núñez insistió ayer además que su delegación trabaja «para ofrecer a la ciudad seguridad jurídica, confianza y estabilidad urbanística».

Plan General

Por otra parte, en la jornada de ayer el Partido Vecinal mostró sus dudas por el hecho de que la Junta de Andalucía vaya a tutelar la gestión urbanística de la ciudad tras la anulación del PGOU por el Supremo.

El PVRE se mostró «preocupado» por este hecho, ya que a su entender el Ayuntamiento «perderá competencias».

Desde esta formación surgida en el seno de los propietarios de viviendas irregulares se recuerda que la administración andaluza «puede suspender cualquier instrumento de planeamiento, e imponer al municipio normas de ordenación».

Ellos consideran que la administración municipal chiclanera «cuenta con un equipo de profesionales, equipo técnico formado por arquitectos, juristas, etcétera, capaces de adaptar unas simples Normas Subsidiarias», que actualmente están en vigor.

Los vecinos se preguntan qué ocurrirá si en el plazo de dos años no se aprueba un nuevo Plan General de Ordenación. Hay que recordar que tras haber sido tumbado el actual PGOU, la ciudad vuelve a un marco urbanístico de 1987, y que la Junta ha acordado con el Consistorio una solución transitoria, en tanto se termina de redactar el nuevo planeamiento.