Los parlamentarios harán público su patrimonio

El 8 de septiembre los españoles podrán conocer al detalle los bienes que poseen cada uno de los 350 diputados y 262 senadores. El Congreso y el Senado aprobaron la reforma de la ley electoral que lo hace posible y las mesas de ambas cámaras, en sesión conjunta, dieron ayer luz verde al «minucioso formulario» que cada uno de los parlamentarios tendrá que haber entregado antes del 7 de septiembre y en el que detallará todas sus rentas e ingresos actualizados así como todos sus bienes.

El contenido de los formularios se publicará el 8 de septiembre en los boletines oficiales de las Cortes y será de acceso libre en las páginas web del Congreso y del Senado. La información se ubicará junto a los detalles de las declaraciones de actividades de los parlamentarios, que indican si compatibilizan otros trabajos con el escaño y cuáles son.

Los presidentes de ambas cámaras animan a que este acto de transparencia, que desde esta legislatura también realiza el Gobierno, se extienda como obligatorio, a través de una modificación legal, a todos los cargos electos del país, ya sean autonómicos o municipales, y a todos los cargos de entes, organismos y empresas públicas, así como al personal de confianza y libre designación.

Las mesas de Congreso y Senado también acordaron la liquidación de todos los llamados «privilegios parlamentarios» con efecto a partir de la próxima legislatura, pero manteniendo los derechos adquiridos. Se elimina la posibilidad de cobrar un complemento que eleve la pensión de jubilación hasta el 80% o el 100% de la paga máxima para los parlamentarios que hayan completado al menos dos legislaturas. Este beneficio solo lo han cobrado unos 80 diputados desde su entrada en vigor en 2006 y se pensó para los que procedían del exilio y no habían podido cotizar.

También se suprime la indemnización al dejar el cargo, con un valor de un mes de sueldo por año en las Cortes, para todo el que comience a ejercer un trabajo remunerado o cobre una pensión. Se mantiene solo para quien se quede en paro, pues los diputados no cobran desempleo.

El acuerdo acaba también con el pago de cotizaciones a la Seguridad Social a exdiputados sin trabajo hasta que alcanzasen el tiempo mínimo legal para jubilarse con una pensión, también se suprimen las pensiones a viudas o huérfanos de parlamentarios y se restringe las ayudas que se conceden a casos extraordinarios y que a partir de ahora deberán ser autorizadas por los tres quintos de los miembros de las mesas de las cámaras. Las páginas web publicarán todas las percepciones otorgadas con el vigente reglamento «con indicación del tipo de prestación y la cantidad recibida».