El gobierno encarga una auditoría externa de las cuentas durante las legislaturas del PSOE

«La política de tierra quemada se la tomaron en serio los anteriores dirigentes de este Ayuntamiento». El portavoz municipal y primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, resumía así ayer la situación económica en la que se encuentran las arcas públicas, que limita las posibilidades del actual gobierno a la hora de hacer frente a problemas inmediatos como el pago de las nóminas y que es especialmente grave porque «no es que no haya dinero, es que no hay siquiera capacidad de buscarlo».

Así las cosas, y aunque tanto Saldaña como la alcaldesa, María José García-Pelayo, evitaron ayer cargar mucho más las tintas contra el gobierno socialista liderado por Pilar Sánchez, los dirigentes municipales anunciaron que uno de los asuntos más destacados de la Junta de Gobierno Local fue el inicio del expediente de contratación del servicio de análisis y diagnóstico de la situación económica del Ayuntamiento y entidades dependientes. Es decir, la auditoría externa que ya se había anunciado y que pronto será una realidad.

Según explicó García-Pelayo, este análisis se va a realizar no solo del Ayuntamiento matriz y las empresas dependientes, sino también del Consistorio pedáneo de La Barca de la Florida tras haberlo solicitado su alcalde Alejandro López.

Y el periodo que se pondrá bajo la lupa será precisamente desde el año 2006 hasta ahora, prácticamente todo el periodo de gobierno del PSOE en la ciudad -que se inició en enero de 2005-. En este punto, la regidora trató de matizar que se ha elegido esta horquilla temporal simplemente «porque hasta el año 2005 existía un Plan de Saneamiento», lo que establece claramente lo que ocurrió con las cuentas.

En este punto, y una vez iniciado el expediente, el Consistorio tendrá que empezar a recibir ofertas para adjudicar el contrato, lo que quiere que tenga lugar en el mes de septiembre para que en el plazo de dos meses pueda estar realizada la auditoría. Respecto al coste que tendrá este análisis, aunque habrá que esperar a conocer las propuestas que lleguen, calcularon que rondará los 60.000 euros.

Sea como fuere, la primera edil recordó ayer que «se va a buscar una empresa solvente, con credibilidad, ya que se le va a pedir que además de realizar la auditoría ponga sobre la mesa propuestas interesantes para solventar la situación económica del Ayuntamiento. No nos podemos quedar solo con el retrato económico sino que le vamos a pedir a la empresa que nos aporte soluciones», insistió.

No en vano, como recalcó la alcaldesa, esas propuestas que haga la empresa servirán para «tomar todas las medidas que sean necesarias para solucionar el problema económico del Ayuntamiento. Ya no hay vuelta atrás».

Esta auditoría será la herramienta para ordenar y organizar el Ayuntamiento junto a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), según expuso ayer García-Pelayo, que informó de que el martes de la semana que viene tendrá lugar la primera reunión de trabajo para realizar este documento sobre el personal municipal. Sobre este aspecto, la alcaldesa señaló que se va a mantener el contrato con la empresa Novasoft, que «ya tenía un trabajo preliminar que se puede utilizar».

Impagos

Precisamente de la difícil situación económica volvieron a hablar ayer los dirigentes locales con los representantes de los trabajadores municipales, que ayer por la mañana volvieron a retomar las protestas por el impago de parte de su salario -en concreto la paga extra de verano-, y que se sumaron así a las empleadas de las concesionarias Acasa y Limasa, que llevan días concentrándose ante el Consistorio.

Tras ese encuentro, la regidora dejó claro que los empleados «tienen todo el derecho a reclamar su sueldo», pero también recalcó que «todos los días nos dedicamos a buscar liquidez, y eso es complicado en la actual situación». «Cuando haya un orden económico será más fácil, pero ahora necesitamos tiempo», dijo advirtiendo de que también los próximos meses habrá que tener paciencia.

En el caso concreto de la paga extra, García-Pelayo dijo que se podrá empezar la próxima semana, aunque «no entera, porque todavía faltan unos 900.000 euros del total».

Y sobre la situación más delicada de los empleados de las concesionarias municipales que no han cobrado siquiera el salario de junio, y cuyos sueldos son mucho más bajos, explicaron que les han propuesto a los representantes sindicales de la plantilla que accedan a cerrar un acuerdo por el cual, pese a lo que dicta la ley, en cuanto entre dinero en el Consistorio se pueda repartir equitativamente entre todos por igual, incluyendo a los trabajadores de las concesionarias.

«Sería hacer un reparto equitativo, pese a que algún trabajador podría denunciar al gobierno, pero estamos dispuestos a asumirlo si lo decidimos todos», expuso el primer teniente de alcalde, que admitió que los sindicatos no han dado una respuesta afirmativa aún.