Camps, al banquillo por los trajes

Inapelable. Sin posibilidad de más recursos. Francisco Camps se sentará el próximo otoño en el banquillo acusado de corrupción. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors decretó ayer la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat y tres de sus colaboradores, a los que imputa un delito de cohecho pasivo impropio -aceptar dádivas sin contraprestación conocida- al haberse dejado regalar prendas de vestir por parte de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', el testaferro en Valencia del cabecilla de la trama 'Gürtel'.

Junto a Camps, se enfrentarán al tribunal del jurado popular Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y actual portavoz de Economía; Víctor Campos, exvicepresidente del Consell; y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consejeria de Turismo.

El magistrado considera que, tras casi dos años y medio de investigación, hay pruebas suficientes que apuntan a que los cuatro aceptaron «trajes a medida, calzado y otras prendas de vestir» de manos de 'El Bigotes' y su empresa Orange Market, plenamente conscientes de que el objetivo de Álvaro Pérez no era otro que el «de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas obsequiadas».

Los regalos a los políticos del PP, sostiene el juez, tuvieron un valor cercano a los 40.000 euros. Camps se dejó obsequiar con ropa valorada en 14.021 euros, Betoret con 13.499, Costa con 7.375 y Campos con 5.529. Esas prendas fueron «recibidas y aceptadas por ellos a sabiendas de quien asumiría el pago de su importe», Orange Market, la misma empresa, recuerda el juez, a la que la Generalitat entregó más de 6,9 millones de euros en contratos entre 2005 y 2009.

A pesar de constatar esta relación, Flors rechaza ampliar este proceso a los otros delitos de los que la Fiscalía acusa a los cuatro imputados y a otros responsables del Gobierno autonómico, entre ellos delito electoral y contra la administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio.

Segundo proceso

Las «irregularidades jurídico-administrativas de los contratos», el tronco central del 'caso Gürtel' en Valencia, se solventará en un segundo proceso, cuya instrucción aún dista de estar acabada.

En ese segundo proceso, la Fiscalía sí pedirá penas de cárcel e inhabilitación, pero en la presente 'causa de los trajes' el Ministerio Público solo reclama multas de 41.250 euros para Camps, Costa y Betoret, y de 35.000 euros en el caso de Campos. El juez ordenó ayer a los cuatro que depositen ese dinero en el juzgado más un tercio de esa cantidad, a modo de fianza civil, bajo el apercibimiento de que pueden ser embargados sus bienes.

En su auto, el juez hace un prolijo relato de las pruebas contra los cuatro encausados. Se detalla la forma en que los responsables de la red acompañaban a los agasajados a las tiendas Milano y Forever Young en Madrid a elegir los trajes con la constatación de que los políticos salían de esos comercios sin abonar jamás las compras. Ante estos indicios Flors insiste en que esos regalos «reiterados» no pueden ser más que calificados de «dádivas» y «cohechos» porque en ningún caso son «presentes o atenciones de cortesía» como los que reciben otros altos cargos. No son, insiste, «inocuos y admisibles» regalos conformes a los usos sociales.

En esa línea, el instructor detalla que esos regalos no se explican por la amistad entre los gobernantes valencianos y los empresarios sino que tienen su único origen en agradar a unas personas por su condición de autoridades y la «función pública que desempeñaban».

Para Flors, es muy reveladora la forma en que se hacían esas dádivas: «No es la aceptación de un único regalo ocasional, sino que esas personas (los imputados) encargaron personalmente en distintos lugares y en diferentes ocasiones varias prendas de vestir a medida y otros objetos que eligieron sin pagar su precio aceptando, en definitiva, que ese precio fuera satisfecho por un tercero que, además, estaba interesado en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Generalitat».

Según el juez, «no hace falta razonar mucho» para llegar a la conclusión de que lo buscaban Correa y 'El Bigotes' con esos regalos era «poder contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente y del vicepresidente de una comunidad autónoma» buscado su «influencia determinante» para conseguir contratos. Lo mismo ocurría con el jefe de gabinete de la Consejeria de Turismo, el área en el que «las empresas (de 'Gürtel') desarrollaban la mayor parte de su actividad económica».

En el caso de Costa, que no ocupaba puesto alguno en la Administración, el juez sostiene que los regalos eran por su influencia desde el partido y asegura que no hay problema para imputarle un cohecho pues su condición de diputado es asimilable a la de «autoridad» o «funcionario público».

Proceso laborioso

Fijadas las acusaciones, a partir de ahora el juez Flors da un plazo de 15 días a las partes para que comparezcan ante la Sala de lo Civil y lo Penal, que tendrá que designar al presidente del tribunal del jurado, que será, por turno, el magistrado Juan Climent.

Él será el encargado de fijar la fecha del juicio y de tutelar el complicado proceso de sorteo y designación, incluidos los posibles recursos, de los miembros del tribunal popular. Climent deberá citar a 36 candidatos ya preseleccionados para juicios durante 2011.

Luego, interrogará a los escogidos por si hubiera causas de incompatibilidad o incapacidades. También las partes podrán interrogar a los aspirantes a jurados y recusar su presencia si entienden que son parciales.

Al final, tras las entrevistas y varios sorteos, deberán quedar nueve personas y dos más como sustitutos. Es un proceso laborioso, explicaron fuentes del tribunal, que podría llevar el inicio del juicio a finales de otoño, incluso a principios de invierno.