Editorial

Ajuste en Italia

En estos momentos difíciles, la unidad de acción debe ser exigible por encima de las diferencias ideológicas

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Los italianos han conseguido ponerse de acuerdo para aprobar entre ayer y hoy una impresionante reducción del gasto público, con el fin de convencer a los mercados financieros de que su caso es bien distinto del de Grecia. No se trata solo de un plan de austeridad en el gasto, sino de un ambicioso paquete de privatizaciones, reducción de pensiones, eliminación de deducciones a favor de las familias y, por primera vez, copago en la sanidad. El ministro de Economía Giulio Tremonti ha impuesto así sus tesis en el seno de un Ejecutivo tambaleante. Silvio Berlusconi sigue encabezando el Gobierno y, aunque hace tiempo debía haber dejado la política, se mantiene en ella para seguir protegiendo sus intereses personales. Tremonti quiere ir más allá de las medidas de emergencia y propugna una reforma constitucional que establezca la obligación de déficit cero. Las decisiones italianas han sido bien recibidas por los mercados, conscientes además de la capacidad del país de financiarse a sí mismo, algo que no ocurre con España, muy dependiente de la financiación externa. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional está siendo muy crítico con la Unión, a pesar de que su nueva directora es francesa, tal vez la última personalidad europea que ocupe este puesto. Portavoces de esta institución internacional han dicho que falta una solución europea a un problema europeo. En este sentido, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, no ha podido convencer a Alemania para celebrar hoy una reunión extraordinaria de jefes de Gobierno y de Estado de la zona euro para desatascar la preparación del segundo rescate de Grecia La sensación extendida es que no hay una verdadera dirección política al frente de la crisis europea. Es necesario que tanto las instituciones europeas como los Gobiernos nacionales sean especialmente responsables en momentos de incertidumbre como los actuales, en los que la unidad de acción es exigible por encima de las diferencias nacionales e ideológicas.