El PP cree que el chivatazo equipara el final del 'zapaterismo' y del 'felipismo'

Los dirigentes del PP han visto en el auto de procesamiento de tres altos cargos policiales por el 'caso Faisán' la última pieza para concluir un hipotético puzle con el que quieren poner en evidencia el paralelismo que, a su juicio, existe entre los últimos meses del 'felipismo', el periodo anterior a la derrota de Felipe González frente a José María Aznar, en 1996, con la última etapa del 'zapaterismo'. Los populares consideran que hoy, como hace 15 años, el Ejecutivo socialista ha propiciado que la tasa de paro se sitúe por encima del 20% y que el Ministerio del Interior de José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta, como en su día lo hizo el de González, a un proceso judicial por haber traspasado los límites del estado de derecho en la lucha contra ETA.

Lo que intentan los populares es transmitir al imaginario colectivo la idea de que el caso del chivatazo a ETA tiene la misma trascendencia que los GAL. Así lo expone la dirección nacional en un argumentario que ayer recitaron tanto Esteban González Pons como Carlos Floriano, vicesecretario y secretario de comunicación del PP. Floriano resucitó términos casi olvidados como el de «guerra sucia» para indicar que Zapatero había puesto «a la zorra a cuidar a las gallinas», en alusión a que agentes de la Policía avisaron a miembros de ETA de la inminencia de una operación contra el aparato de extorsión de la banda.

El dirigente popular abundó en la comparación para aseverar que el 'caso Faisán' «es un GAL» al revés, en referencia a que el Ejecutivo de González buscó «atajos fuera de la ley» para intentar acabar con ETA, mientras que en el Faisán se usaron esos mismos «atajos», pero para evitar que se detuviera a miembros de la banda. Floriano enfatizó que «nadie puede creerse» que los mandos policiales dieron el chivatazo al aparato de extorsión de ETA «sin una orden de los mandos políticos».

El PP fuerza una tercera pata en la comparación entre ambos periodos socialistas intentando equiparar la corrupción que salpicó al PSOE en 1996 (casos Filesa, Luis Roldán o Banco de España) con el de los presuntos expedientes de regulación de empleo irregulares en Andalucía.

En este extremo hay más debate, porque en la dirección nacional del partido opositor son conscientes de que tendrán que 'tragarse el sapo' de ver a uno de sus presidentes autonómicos, el valenciano Francisco Camps, sentado en el banquillo de los acusados en los próximos meses como supuesto autor de un delito de cohecho pasivo por haber aceptado trajes regalados por la trama 'Gürtel'.

Uno de los campos de batalla donde poner en práctica esta estrategia será el Parlamento. Rubalcaba ha dejado el Gobierno, pero el 'caso Faisán' no abandonará las sesiones de control al Ejecutivo en el Congreso.

El regreso de Gil Lázaro

El exvicepresidente tuvo que contestar unas 40 veces en año y medio sobre su presunta implicación en el chivatazo a ETA y oír casi cada miércoles como algún diputado popular, normalmente Ignacio Gil Lázaro, exigía su dimisión por ser la persona que ordenó el soplo a la banda. Preguntas y exigencias similares irán destinadas ahora cada semana al antiguo número dos en el Ministerio y ahora flamante titular de Interior, Antonio Camacho. El PP le dará la bienvenida al Parlamento y al cargo la próxima semana con una ofensiva en el pleno de control sobre el 'caso Faisán'.

El nuevo máximo responsable de la lucha antiterrorista deberá responder a dos preguntas sobre el chivatazo de diputados populares y contestar a una interpelación sobre el mismo asunto en la que le exigirán que, «ineludiblemente», asuma responsabilidades políticas por la presunta violación de la ley desde la cúpula de Interior que habría demostrado el procesamiento de su exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo por un delito de colaboración con ETA. Los documentos previos del grupo popular no aclaran si como traducción de responsabilidades Antonio Camacho escuchará su primera petición de dimisión en sede parlamentaria, tras una semana en el cargo, pero lo que sí está claro es que todas las intervenciones contra él tendrán como objetivo compartido a Rubalcaba, su exjefe y el candidato socialista a la presidencia del Gobierno.

Gil Lázaro, que en múltiples ocasiones acusó a Camacho en el Congreso de ser el brazo ejecutor de Rubalcaba en el chivatazo, le preguntará el miércoles si asume como ministro «las actuaciones de sus subordinados en el 'caso Faisán' durante el tiempo que fue secretario de Estado para la Seguridad».