¿Dónde está la cocina de...?

El 8 de marzo del año pasado, la Agencia Tributaria le comunicaba oficialmente a la empresa Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L. que iba a ser investigada por irregularidades detectadas en las deducciones del Impuesto de Sociedades y del IVA. El fisco se había centrado en las facturas que había presentado la sociedad para justificar esas ventajas fiscales a través de unas operaciones que resultaban aparentemente ficticias. Al término de esa inspección, la agencia estimó que dicha sociedad había eludido el pago de 1,5 millones.

Cuando el fisco confirmó que todos los ingresos de esa empresa procedían de un ente público, se detuvo en los contratos que justificaban ese caudal de dinero (más de seis millones de euros en tres años). Y fue el 22 de septiembre del año pasado, cuando la Agencia Tributaria le comunicó oficialmente al exgerente provincial del ISE que se ampliaban las diligencias de investigación a la dirección provincial de dicha empresa pública. Al mes siguiente fue relegado de su cargo por orden de la Dirección General del ISE Andalucía. Según Educación el verdadero motivo fue «discrepancias en la forma de gestión». La investigación en curso fue pura coincidencia, según este argumento.

Las primeras averiguaciones, según reza en el informe que ha servido de base para la denuncia, estaban encaminadas a conocer por qué se les otorgaba sistemáticamente contratos a una misma empresa, sin que mediara concurso. A esas alturas, el fisco había constatado que la adjudicataria apenas tenía personal y carecía «de aptitud técnica» porque simplemente no dispone de medios para ejecutar «obras de una mínima complejidad». Ante el juez, el empresario aseguró que lleva 20 años trabajando para la Administración.

Ante las sospechas de que esas irregularidades contables podrían ocultar otro tipo de delitos, un inspector del fisco giró una visita sorpresa el 5 de julio al IES Andrés Benítez de Jerez, donde se había contratado en 2007 diversos trabajos de albañilería. El inspector observó que pese a que esas obras estaban comprendida dentro de un contrato por valor de 104.096, 56 euros; los trabajos que en realidad se habían ejecutado eran de escasa entidad y no correspondían con el volumen de dinero invertido.

Así, la Agencia Tributaria designó a una arquitecta para que realizara un peritaje. Esta profesional visitó en enero pasado 14 colegios, donde se habían ejecutado y certificado obras por valor de 442.228,75 euros; sin embargo, calculó que lo realmente materializado tenía un coste de 67.519 euros. Destaca en su informe el contrato por más de 100.000 euros para reformar la cocina del CEIP Lapachar de Chipiona. Ni el montante total calculado por la arquitecta cubre el dinero que debió haber sido invertido solo en esa obra.