Sinde justifica su pasividad ante el escándalo de la SGAE

«Cultura no ha dejado de hacer nada de lo que debía hacer en relación con la SGAE». Así lo sostuvo la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en su comparecencia a petición propia ante la comisión de Cultura del Congreso para fijar posición sobre el escándalo de la SGAE. La ministra reconoció que hacen falta más controles, pero se escudó en sendas sentencias del Supremo y del Constitucional de 1997 para justificar la pasividad de su departamento. Según Sinde, ambas sentencias confirman que la potestad de controlar y auditar a las sociedades de gestión de derechos corresponde a las comunidades autónomas. «Eso no quiere decir que el Ministerio se lavara las manos y mirase para otro lado», dijo la ministra que aseguró que su departamento ha revisado en los últimos años todas las auditorías de la SGAE «que estaban cuadradas año tras año desde el 2000».

Señaló Sinde a Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid y exministra de Cultura, como responsable de la aprobación de la modificación estatutaria que permitió a las sociedades de gestión crear las fundaciones y empresas participadas como las utilizadas por los acusados de apropiación indebida en la 'operación Saga' por el juez Ruz. «Esperanza Aguirre permitió en 1997 crear fundaciones y sociedades desbloqueando la reforma estatutaria de la SGAE y de aquella decisión han venido el mal que ahora lamentamos», planteó.

Destacó la ministra que en España existen ocho entidades de gestión y que «de siete no hay sospecha». Aseguró que la trama develada en la SGAE «no cuestiona el modelo de la gestión de derechos», y que «los autores han sido doblemente perjudicados, en su patrimonio y en su imagen pública», «La situación denunciada en la SGAE es la excepción y no la regla en las sociedades de gestión. Las irregularidades y delitos de sus gestores, si se confirman los indicios, no empañan la buena labor de los gestores de derechos ni pone en cuestión los derechos de los creadores a su propiedad intelectual», dijo.

La ministra propuso una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual «que impida la creación de fundaciones y sociedades mercantiles, de modo que solo autorizaremos las entidades que tengan interés manifiesto». «Habrá que hacer una nueva Ley de Propiedad Intelectual acorde con los tiempos y que tenga nueva vigencia en la era digital», propuso Sinde.

También planteó «la puesta en marcha de una auditoría pública de funcionamiento obligatorio para todas la sociedades de gestión» y el establecimiento de «un régimen sancionador expreso para las entidades que no cumplan con sus obligaciones, como garantía de máxima transparencia». Por último dijo que llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Cultura en la que participan las comunidades «una propuesta para aclarar las competencias».

Sinde irritó con sus palabras a todos los grupos de oposición y tanto el PP como las minorías catalana, vasca y el grupo mixto negaron la mayor. «Usted es responsable político directa de lo que ha pasado en las sociedades de gestión y las sentencias que alude no le exoneran de responsabilidad», planteó el diputado del PP, José María Lasalle. Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, se mostró «indignado» porque «Cultura se quite la responsabilidad de encima y eche la culpa a las autonomías».