Editorial

Un chivatazo inflamable

La forzosa confrontación política por el caso no debe afectar a la unidad antiterrorista

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El juez Ruz de la Audiencia Nacional procesó ayer al exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros, los tres imputados por el presunto chivatazo policial a ETA, conocido como el 'caso Faisán'. Los cargos son de colaboración con la banda terrorista, revelación de secretos y encubrimiento. La Justicia deberá pronunciarse ahora sobre la responsabilidad objetiva de estos tres funcionarios, todos ellos curtidos luchadores contra la banda terrorista. La enjundia política del caso proviene de la encendida polémica que provocó durante la legislatura pasada el llamado proceso de paz; supuestamente, aquel presunto chivatazo que habría evitado la detención de unos cobradores del chantaje etarra (detenidos sin embargo poco después) se habría producido para no arruinar la tregua que estaba teniendo lugar en aquellos momentos. Y aquella polémica política tiene también un trasunto jurídico inflamable: ¿puede cometer un delito de colaboración con banda armada quien la ha combatido con dureza y manifiestamente no comparte sus fines con ella? Sea como sea, y a falta de que los tribunales distribuyan culpas o exculpaciones, parece irremediable que el caso, sumamente incómodo para los intereses electorales del PSOE y de su candidato Pérez Rubalcaba, se convierta en tema de confrontación política entre el Gobierno y la oposición. Confrontación legítima siempre que no perturbe la buena marcha de la lucha antiterrorista, que hoy discurre por el plausible camino del consenso. Los desplantes de Bildu y el cinismo de ETA en sus comunicados resultan inquietantes y obligan a las fueras democráticas a estar particularmente atentas y cohesionadas. Resulta tranquilizador, en todo caso, comprobar que la eficacia policial no cesa, como lo demuestran el reciente desmantelamiento de tres zulos y la detención ayer de la abogada de Batasuna Arantza Zulueta. Nada debe debilitar al Estado en esta lucha todavía no culminada contra la horda criminal.