El Gobierno carga contra la banca

En un giro sorprendente, destacados miembros del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero acusan ahora a la banca de estar en el origen de la recesión, cuando un par de meses atrás todavía se mostraban orgullosos de un sistema crediticio 'modélico' que, gracias a las exigencias del Banco de España, había sido capaz de sortear la crisis financiera sin la aportación de un solo euro de los contribuyentes.

¿Qué ha sucedido en las últimas semanas para provocar este significativo cambio?. Los efectos del estallido de la burbuja hipotecaria sobre las cuentas del sector eran perceptibles mucho antes, los abultados sueldos e indemnizaciones de los banqueros se empezaron a sacar a la luz en 2006 y el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro ya había adquirido velocidad de crucero, cuando los mensajes de unos cuantos ministros, encabezados por el todavía vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, cambiaron radicalmente de signo. Antes, muy poco antes, salieron a la luz las discrepancias en el proceso de regularización fiscal del patrimonio de la familia Botín, y la correspondiente investigación.

El movimiento de los 'indignados', los resultados de las elecciones municipales y autonómicas y la confirmación de que Rubalcaba iba a ser cabeza de cartel en unos comicios generales complicadas de ganar modificaron el discurso socialista.

La situación también se ha agravado desde un enfoque social. El desplome del valor de los inmuebles y la escalada del paro han colocado en circunstancias penosas a ciudadanos hipotecados que no pueden hacer frente al pago de las cuotas y que, además de quedarse en la calle, van a arrastrar, tal vez de por vida, buena parte de su deuda con el banco. Detrás de la tasa de morosos que divulgan los bancos empiezan a aparecer unos rostros concretos. La solución adoptada de urgencia, que consiste en elevar la cantidad de sueldo o ingresos inembargable, resulta poco más que un parche.

Cuando Europa empezó a exigir a España ajustes y sacrificios, todavía el presidente José Luis Rodríguez Zapatero llegó a presumir ante los socios del euro y ante inversores institucionales de que el sistema financiero español podía ser considerado «el más sólido del mundo» gracias a un marco de supervisión y regulación «internacionalmente reconocido por su calidad y su rigor».

Meses después, ese discurso se ha visto reemplazado, de puertas adentro, por acusaciones directas. «Alguna responsabilidad tendrán los bancos que concedieron hipotecas al límite, a quien sabían que no iban a poder devolver el dinero», dijo Rubalcaba, y el ministro de Fomento, José Blanco, abundó en esta acusación, afirmando que las tasaciones de inmuebles se habían realizado «por encima de su valor real». Después vinieron las sugerencias de penalización. El ministro de Trabajo censuró la escala de retribuciones bancarias, porque el sueldo más alto llego a ser hasta 1.500 veces el del peor pagado, y planteó introducir tipos tributarios «especialmente aumentados» para gravar las retribuciones de los directivos de banca, que consideró desproporcionadas.

En realidad, el Gobierno tiene mínimas opciones para incidir en los sueldos del sector privado y la ley no le permite discriminar a los sujetos de los impuestos en función de su actividad, de manera que solo tiene abierta la opción de penalizar a las rentas más altas con carácter generalizado. El Ejecutivo, por boca de la vicepresidenta Elena Salgado, ha descartado una subida de impuestos. Otra cosa será lo que pueda comprometer el programa socialista de cara a las próximas elecciones, matizó el presidente Zapatero.

Los directivos del sector financiero sucumbieron a la tentación de realizar prácticas de riesgo, como prestar a quien estaba claro que no tenía recursos, pero esa actuación se llevó a cabo en todas las escalas, y fue mucho más dañina en la banca de inversión, reconocen todas las partes. En la práctica, el Consejo de Ministros se limitó a aprobar la trasposición de la directiva europea que marca las pautas para que las remuneraciones de los ejecutivos bancarios, y en particular los 'bonus', no crezcan en función del riesgo asumido.

El sector financiero ha respondido con cautela a la avalancha de acusaciones. «Entendemos que las declaraciones de miembros del Gobierno iban referidas a las entidades que han recibido ayudas públicas, lo que no es nuestro caso, comentaron fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB). En las retribuciones, los bancos españoles cumplen toda la normativa y van un poco más allá -añaden- porque las cifras que ganan los consejeros se publican individualizadamente, y las juntas de accionistas han de aprobar la política de sueldos.