Fernando Gago: «Nunca he formado parte de una trama de corrupción»

Fernando Gago, el exalcalde y exconcejal portuense (primero con IP y luego como tránsfuga) defendía ayer su inocencia ante LA VOZ y negaba haber «formado parte de una trama de corrupción», como se le imputa en la última operación contra los delitos urbanísticos llevada a cabo en El Puerto. «Ni lo he estado, ni lo estoy, ni lo estaré; estoy totalmente libre», aseguraba ayer por teléfono, a las preguntas de este periódico.

Además de Fernando Gago, se han visto implicadas en esta investigación otras 34 personas, entre ellas famosos miembros de la antigua cúpula de Independientes Portuenses, como el también ex alcalde Hernán Díaz (inhabilitado para el puesto por orden judicial) y el exconcejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, que ya cuentan con imputaciones similares -como el delito de prevaricación- en otras causas anteriores. Entre las últimas, la 'operación Tequila', donde también estaba supuestamente implicado uno de los ahora imputados: el jefe de Disciplina Urbanística del Consistorio portuense, Fernando Jiménez Fornell.

En esta ocasión, la llamada 'operación Suministro' también trata delitos urbanísticos como la licitación de obras en suelos no urbanizables, o la expedición de certificados que hacían pasar por antiguas edificaciones recién hechas -los conocidos casos de 'obra nueva'-. Si bien, en este caso, se ha imputado a los antiguos regidores de la ciudad por algo menos habitual: autorizar supuestamente el suministro de agua y luz a viviendas que, al ser irregulares, no podían contratar los enganches con las empresas correspondientes. De ahí el nombre de la operación.

Ayer, Hernán Díaz rechazó hacer declaraciones al respecto de esta nueva imputación, aunque familiares suyos aclararon que sólo se le achaca un delito de prevaricación, «por dar luz a cuatro viviendas, un servicio sanitario y de salubridad, como ha dado a tantas». Gago, en cambio, recordó que, como alcalde -estuvo en el cargo apenas un año-, no tuvo competencias urbanísticas y rechazó que los permisos de suministro que firmó fueran irregulares. Al menos, él no era consciente de ello. «No firmaría algo a sabiendas de que es algo irregular», aclaró ayer a este periódico.

El exconcejal de IP también ha matizado que, hasta el momento, sólo ha sido llamado a declarar ante la Guardia Civil -«fue hace dos semanas, me preguntaron por mi época como alcalde, sobre las licencias, y yo les contesté», afirmó-, pero no ante el juez que dirige el caso: el número 3 de El Puerto, a cargo de Miguel Ángel López Marchena.

Efectivamente, aunque la operación parte de denuncias presentadas antes de 2009, se encuentra aún en una primera fase, de manera que el juez irá llamando a declarar a los supuestos implicados a lo largo de los próximos meses, para decidir si continúan imputados judicialmente o se les archiva la causa.