Los primeros intrusos citados por Alaya ratifican su declaración ante la policía

La magistrada que investiga los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos comenzó ayer a tomar declaración a los primeros supuestos intrusos: el ex concejal de Camas y exsecretario de Política Municipal del PSOE en este municipio sevillano, José Antonio García Prieto, el exmilitante socialista Juan Manuel López Espada y José Acevedo, concuñado del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado como ellos en el caso.

Los tres se acogieron a su derecho de no declarar y se ratificaron en su declaración policial, en la que asintieron haber recibido lo que llamaron «ayudas», gestionadas a través del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, también imputado.

La magistrada les imputa por delitos de tráfico de influencias y prevaricación por cobrar prejubilaciones ilícitas y aparecer como empleados en empresas en las que nunca trabajaron.

A García Prieto, exedil de Camas, le acusa de cobrar pólizas de hasta tres empresas (Intersur, Samec y Morgan&Meyer), percibiendo una media de 2.800 euros mensuales hasta octubre de 2009. La magistrada le imputa cinco delitos de prevaricación por servir de enlace para que otros vecinos de Camas cobraran prejubilaciones falsas.

Juan Manuel López Espada estuvo percibiendo algo más de mil euros al mes desde julio de 2006 por figurar en el ERE de Surcolor. José Acevedo ha estado cobrando desde noviembre de 2003 una media de 1.300 euros mensuales por aparecer como prejubilado en Intersur, prestaciones que percibiría hasta diciembre de 2011, suponiéndole dicha póliza a la Junta un coste ilegítimo y carente de justificación alguna de 113.356,52 euros.