El gobierno local empieza hoy a elaborar el nuevo Plan de Movilidad de Jerez

La primera reunión que mantuvieron ayer los colectivos vecinales, encabezados por la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, con el nuevo ejecutivo estuvo cargada de temas, pero sin duda uno de los que destacó en el encuentro fue la necesidad de una mejora del servicio de transporte urbano.

El presidente de Solidaridad, Sebastián Peña, no se anduvo con rodeos, y ayer dejó muy claro ante la atenta mirada de la alcaldesa, María José García-Pelayo, que «los autobuses de Jerez huelen a gasolinera, están destrozados y son tercermundistas, y ni siquiera son aptos para el transporte de las personas».

Ante esta afirmación, la regidora también dejó claro que su máxima preocupación es garantizar una buena prestación de los servicios básicos, y entre otras cuestiones anunció que hoy mismo echará a andar la Mesa por la Movilidad, foro de debate que trabajará en un nuevo Plan de Movilidad acorde con las necesidades reales del municipio y en el que participarán los colectivos afectados.

El objetivo es, sin duda, tratar de recuperar los alrededor de 2,5 millones de viajeros que se han perdido en el transporte urbano en los últimos dos años por culpa del anterior plan que «no era bueno».

Por eso, García-Pelayo avanzó ayer que este nuevo diseño del plan de movilidad de la ciudad se consensuará para hacer más atractivo el transporte, y no solo incluirá el diseño de nuevas líneas o la inclusión del taxi, sino que también trabajará en nuevos modelos de billetes o bonos acordes a las necesidades ciudadanas».

La primera edil también expuso que Los Amarillos y Cojetusa, la nueva concesionaria y la anterior, se reunieron ayer para seguir negociando los pagos por el canon del servicio y el traspaso de la flota. Al hilo de lo anterior, García-Pelayo recordó que en la nueva concesión se especificaba que este año debían llegan 10 nuevos autobuses a la ciudad, de los que por el momento solo han llegado la mitad que, además, «no son los nuevos con los que todos soñábamos».

Pero en el marco de la reunión los vecinos también pudieron poner muchas otras reivindicaciones sobre la mesa que fueron desde su preocupación por el alto desempleo que «está trayendo la precariedad a todos los barrios», al pago de las subvenciones pendientes con las asociaciones que la propia alcaldesa cifró en 2,5 millones y sobre las que dijo que «habrá que poner en marcha un plan de pago, mientras que de cara al futuro se pondrá en marcha un nuevo modelo que puede incluir menos recursos económicos y más especies».

La regidora también anunció que el pleno de septiembre incluirá en su orden del día «tanto la creación de Consejo Social de la Ciudad como el inicio de la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, que se hará con el consenso vecinal y el de todos los partidos». Apostó por un modelo de consejo «operativo, con una representación paritaria de los colectivos, en el sentido de que no debe haber unos privilegiados y otros castigados, por tanto, los vecinos estarán en el consejo y se escuchará su voz», tal como ellos habían pedido.

Respecto a los problemas expuestos en torno al cobro «incorrecto» de vados, aseguró que las ordenanzas fiscales «son los instrumentos para solucionar este asunto, y con su aprobación en 2013 evitaremos situaciones esperpénticas que los ciudadanos no tienen que soportar». Insistió además en la exigencia de una nueva valoración del catastro, «en 2013, que es el momento en que la ley lo permite, se hará una nueva ponencia de valores, tanto respecto al impuesto del IBI como al impuesto de la plusvalía».

Respecto a la aplicación de la ley de Grandes Ciudades dijo que «se desarrollará al ritmo que marque la situación económica, y todo lo que no cueste dinero irá a paso rápido y cuando el ayuntamiento tenga que poner recursos se hará en fases de acuerdo con las asociaciones».